La aerolínea chavista ya recibió una primera parte de la ayuda por 19 millones de euros. Pero la segunda parte que se haría efectiva el próximo miércoles, fue suspendida.
Redacción | Primer Informe
Este sábado la magistrada Esperanza Collazos, quien investiga a la aerolínea chavista, Plus Ultra, quiere acreditar la deuda de la empresa aérea. La justicia española quiere esclarecer si se cumplieron o no las condiciones impuestas para recibir las ayudas públicas otorgadas por el gobierno de Pedro Sánchez por 53 millones de euros.
La instructora del caso, que acaba de suspender de manera cautelar el abono de 34 millones de euros comprometidos, pone el foco en los datos relativos al nivel de deuda existente en la firma desde el año 2015, señala la información de Vozpópuli.
En este sentido, la justicia española a través de la jueza Collazos pidió a la Agencia Tributaria que informe al juzgado sobre las declaraciones trimestrales del IVA, pago de impuestos y certificado de deuda de Plus Ultra. Todo esto cuando la empresa aérea ya se ha embolsado 19 millones de euros del plan de rescate autorizado por el Gobierno.
La justicia española no solo exige a la aerolínea, sino que también le pidió a Hacienda que traslade los mismos datos de su principal accionista, Snip Aviation, el nexo de Plus Ultra con el régimen de Nicolás Maduro.
LEA TAMBIÉN: Plus Ultra no devolverá 19 millones al Estado si se cancela el rescate de la aerolínea
¿Por qué la juez recurrió a Hacienda?
La titular del juzgado observó la solicitud formulada por Vox en su querella contra el Consejo Gestor de la SEPI y la compañía.
Vox solicitó una serie de diligencias a varios entes, incluidos la Agencia Tributaria de la Tesorería de la Seguridad Social. Sin embargo, la juez explica que el primer intento de acceder a esta documentación fue fallido. Esto debido a que no se hizo a través del Punto Neutro Judicial.
Por ello, y tras aclarar que se trata de una fuente de prueba «útil», recurre a esta vía para acceder a los datos fiscales de la compañía y su accionista mayoritario.
Sin embargo, la magistrada Esperanza Collazos va más allá y por eso solicitó la información de todos los ejercicios desde 2015.
El objetivo de esta solicitud es esclarecer si, como apuntan los denunciantes, Plus Ultra arrastraba pérdidas desde su creación en 2011.
También quiere saber si esta cumplía los requisitos para acceder al fondo gestionado por la SEPI para las empresas estratégicas afectadas por la covid.
Plus Ultra no recibirá, por ahora, segunda parte del prestamo
La causa, que arrancó en abril por el posible delito de malversación, se centra en los cinco miembros del Consejo Gestor de la SEPI, incluyendo el vicepresidente Bartolomé Lora, que autorizaron el desembolso de 53 millones de euros.
Esta cifra fue dividida en un préstamo ordinario de 19 millones y en otro participativo de 34.
El préstamo participativo se iba a hacer efectivo el próximo miércoles. Sin embargo la instructora lo suspendió atendiendo a la existencia de este procedimiento penal. También están a la espera de que la propia Plus Ultra certifique los motivos por los que le urge recibirlo.
Antes de acordar esta medida de calado, las partes que integran el procedimiento ya se pronunciaron al respecto.
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