Irregularidades en las elecciones venezolanas: Jesús Castellanos alerta sobre falta de transparencia y garantías electorales

A pocas semanas del evento electoral del 25 de mayo, aumentan las alertas sobre fallas técnicas, decisiones jurídicas controversiales y un Consejo Nacional Electoral que parece operar más bajo intereses políticos que bajo mandatos constitucionales. En esta entrevista, el politólogo y experto en sistemas electorales Jesús Castellanos analiza las irregularidades que afectan la transparencia del proceso y advierte sobre las consecuencias de no incluir el código QR en las papeletas, así como la inclusión del territorio del Esequibo en unas elecciones que podrían estar diseñadas para legitimar lo ilegítimo.

¿Qué irregularidades técnicas se observaron en el último simulacro llevado a cabo por el Consejo Nacional Electoral, y qué implicaciones podrían tener para las elecciones del próximo 25 de mayo?

En mi opinión, los simulacros electorales en Venezuela han pasado por al menos tres etapas. La primera ocurrió al inicio del sistema automatizado de votación, donde se pretendía que el Consejo Nacional Electoral (CNE) pudiera probar el funcionamiento del sistema: los diferentes componentes asociados, como el sistema biométrico, la máquina, entre otros. Además, era un mecanismo para familiarizar al elector con el proceso electoral. Esta etapa culminó con el referéndum consultivo de 2023, destacando la promoción que hizo la administración electoral de dicho referéndum.

Esto era importante no solo por las motivaciones institucionales, sino también porque ayudaba al oficialismo a probar su capacidad de movilización para la jornada electoral. No está explicitado, pero al revisar los informes de observación electoral, se evidencia cómo se moviliza el Partido Socialista Unido de Venezuela.

¿Qué cambió en los simulacros de 2024?

En 2024, se observa algo diferente. En la elección presidencial hay un CNE que usa mucho menos su aparato comunicacional para difundir y promocionar el simulacro. Sin embargo, proporcionó información mínima —¿a qué información mínima me refiero?— como la ubicación de los puntos o centros del simulacro. Estos estaban publicados en la página del organismo. No hubo mayor promoción ni preocupación por difundir los resultados, que no solo se refieren a la promoción previa, sino también a la información posterior, como la cantidad de participantes. Eso no ocurrió en el simulacro de 2024.

La tercera etapa se está evidenciando ahora, y me preocupa, porque puede repetirse en el evento del 25 de mayo.

No hay información institucional, ni promoción institucional, salvo algún mensaje que tal vez haya sido publicado en redes sociales por la rectora Aimee de Nogal o Conrado Pérez. Pero más allá de eso, no hay nada. Y lo más grave: no se ha publicado la ubicación de los más de mil cien puntos del simulacro. Eso es gravísimo. ¿Cómo se promocionan esos simulacros si no informan dónde se llevarán a cabo? Insisto, esto puede significar una disminución significativa de la importancia institucional de los simulacros. Pero también, en paralelo —y esto es importante mencionarlo—, hay un patrón evidente desde el punto de vista de la movilización del PSUV.

¿Qué implicaciones tiene el uso del código QR en las máquinas de votación para el secreto del sufragio en Venezuela? Muchas personas desconocen el impacto real que tiene este detalle técnico. ¿Puede explicar cómo el código QR compromete la confidencialidad del voto y por qué representa una herramienta de control político más que una innovación tecnológica?

He llamado la atención sobre un conjunto de irregularidades planteadas desde el punto de vista de violación constitucional y legal. Además, es importante subrayar que la preocupación no se limita al 25 de mayo de 2025, sino que podría establecer una práctica institucional de cómo celebrar elecciones después del 28 de julio.

¿Y cómo celebrar elecciones? Pues incumpliendo todo lo que define la legislación y la Constitución, ni hablar de los estándares internacionales de elecciones.

¿Por qué es tan importante el código QR?

El código QR, para aquellos que a lo mejor no lo conocen, fue implementado por primera vez en las elecciones regionales y municipales de Venezuela en 2021. Su función primitiva era verificar la autenticidad del acta de escrutinio, pero también recopilaba los resultados electorales por mesa y modalidad de elección.

Este mecanismo permitía, de forma rápida, a todos los interesados —desde partidos políticos hasta la observación electoral nacional e internacional y el elector común— conocer cómo fue la votación en su mesa para cada cargo sometido a elección.

Esto fue fundamental para la elección presidencial de 2024. ¿Cómo se logra levantar rápidamente una base de datos abierta de actas de escrutinio? Gracias al código QR. Escanear ese código permitía subir la información al instante.

Esto lo podía hacer el CNE, por cierto, porque es un sistema automatizado. Pero no lo hizo. Sin embargo, al establecer este código, permitió que las partes —en este caso, la oposición democrática— lo hicieran, lo cual efectivamente ocurrió. Esto fue destacado en los informes de observación internacional de la elección presidencial, como los del panel de expertos de Naciones Unidas y el Centro Carter, así como otros informes independientes que resaltan la importancia de este mecanismo.

La ausencia del código QR en el simulacro podría implicar que no estará presente en el evento del 25 de mayo. Y si eso no está presente, preocupa. ¿Por qué preocupa? Principalmente porque este evento —corrijo, esta elección— no ha contado con ningún tipo de garantía.

¿Cómo se puede conocer entonces el resultado de esta elección si no hay un mecanismo confiable como el QR?

Que las partes no tengan acceso al código QR complica el seguimiento transparente y confiable de las actas de escrutinio.

¿Cómo vamos a conocer los resultados electorales el 25 de mayo? Esa es una gran pregunta. Si uno revisa, aún no ha habido una convocatoria formal. No está publicada en Gaceta Oficial. Por cierto, no sé si eso es del todo conocido, pero el hecho de que no esté publicada oficialmente es una causal de nulidad del evento electoral.

Además, no se publicó el cronograma, lo cual es un mandato legal establecido en la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Tampoco se discutió el tema del registro electoral, ni el de las postulaciones, ni las auditorías. Todo el proceso ha estado viciado prácticamente desde el inicio.

Usted ha señalado que no existen garantías técnicas ni auditorías independientes en el sistema electoral automatizado de Venezuela. ¿Cuáles son los riesgos más graves de esta falta de control externo y cómo afecta la credibilidad del proceso del 25 de mayo?

Lo primero es que este evento no tiene ningún tipo de confiabilidad por una razón sencilla: la administración electoral que lo gestiona cambió, a pesar de que son los mismos rectores. Es importante señalar que ya no está Juan Carlos del Pino, sino Conrado Pérez. Pero, en esencia, aunque exista la misma directiva, no es el mismo Consejo.

El Consejo que organizó la elección del 28 de julio tenía ciertos límites. No sé si eran legales, morales o institucionales… límites que, en cualquier caso, fueron cumplidos. Permitió, por ejemplo, una adecuada auditoría del sistema automatizado de votación, publicó todos los actos electorales y las actas correspondientes, e intentó cumplir con lo que establece la ley, aunque con algunas deficiencias.

¿Qué cambió en el CNE tras el 28 de julio?

Después de la elección del 28 de julio y el desconocimiento de la voluntad popular esa misma noche, ya el 29 pasamos a otro plano. Este CNE es otra instancia. Es un órgano totalmente supeditado al Poder Ejecutivo. Y con el agravante de que, ante ese desconocimiento, el Consejo parece estar con manos atadas.

Es fácil reconocerlo. Por ejemplo, en el manejo de la comunicación institucional: no hay una vocería clara del proceso electoral. Tímidamente aparecen los rectores Aimee de Nogal y Conrado Pérez —los únicos que han dado la cara— en entrevista o utilizando sus redes sociales para dar alguna información puntual, generalmente muy reducida, sobre un tema específico relacionado con el evento.

Pero hasta ahí llega. La página oficial del Consejo no existe. Por lo tanto, utilizan otros mecanismos, otros dominios, para colocar, por ejemplo, información sobre capacitación o excepciones de miembros de mesa.

¿Puede el evento del 25 de mayo considerarse una elección real?

La elección no es íntegra ni auténtica en absoluto. Por eso prefiero el término «evento», porque el Consejo lo ha planteado en esos términos.

Conociendo las enormes brechas de personas que no están inscritas en el registro electoral —hablamos de millones— y de personas que no están debidamente actualizadas —una cifra que ya mencionó Súmate el año pasado (seguramente ahora hay más)—, no hubo una jornada especial de inscripción y actualización. Pero no solo eso: el Consejo no informó hasta cuándo estaba abierto el período para que la gente pudiera inscribirse o actualizarse antes de cerrar el padrón.

¿Qué otras omisiones legales comprometen este evento?

Tampoco se publicó el registro preliminar, lo cual es un mandato de ley. No hubo oportunidad para que los electores revisaran o impugnaran su estatus en el registro electoral. No existe publicación del registro definitivo. Tenemos serias dudas sobre si hubo o no auditoría del registro electoral; nadie ha señalado nada al respecto. Pero lo más grave: no hay acta correspondiente que debe permitir a todas las partes —y cuando me refiero a todas las partes, incluyo partidos, observadores y ciudadanos— conocer esa información.

En materia electoral, la información es un derecho ciudadano. Que un elector no esté participando no significa que no desee hacerlo. El elector tiene derecho a conocer cuál es el registro electoral del evento, cuándo fueron las auditorías, qué determinaron esas auditorías y cómo fue el mecanismo de postulación.

En el caso de los partidos, nunca supimos finalmente cuáles estaban habilitados ni cuál fue el criterio para habilitar o no. La creación, por ejemplo, del partido de Capriles: nunca se supo. Un interesado comentó que estaba creado desde 2022. Le pregunté: «Envíame el número de la Gaceta para verificar», porque debe estar en Gaceta Electoral. Y ese partido, por ley, debe haber cumplido —como lo define la Ley de Partidos Políticos— con reuniones públicas, manifestaciones, entrega de recaudos, presentación de la nómina de ciudadanos que apoyan ese partido… y luego viene una revisión de personas, primero a través del portal, y luego in situ.

Nada de eso se cumplió, como seguramente no se ha cumplido en otros partidos exprés en Venezuela. Sin hablar de la habilitación de Capriles, que a discreción habilitan y deshabilitan, conforme a la subordinación de la Contraloría General de la República al régimen de Maduro.

Esto da cuenta de un evento electoral que, insisto, no cumple con ningún tipo de condiciones, que no ofrece confiabilidad. Esto señala que el patrón para futuros procesos electorales, ante la pérdida de apoyo popular, será celebrar elecciones que no son elecciones. Vamos a generar eventos cada vez más cerrados.

¿Qué ocurre con la elección de representantes indígenas, de la que tampoco se ha informado nada?

Ojalá, al menos en este caso, no ocurra también de forma indirecta, como supuestamente va a suceder con la elección de representantes indígenas a la Asamblea Nacional y al Consejo Legislativo, sobre los cuales tampoco tenemos información. En pocas palabras: no hay información alguna.

La opinión emitida en este espacio refleja únicamente la de su autor y no compromete la línea editorial de La Gran Aldea.