Irregularidades de $233 mil millones en el sector Trabajo: Hallazgos de la Contraloría entre 2022 y 2026

La vigilancia entre 2022 y 2026 dejó miles de hallazgos, decenas de procesos con incidencia fiscal y alertas sobre el sistema pensional y los recursos parafiscales

Durante los cuatros años de gestión del 2022 al 2026, la Contraloría Delegada para el Sector Trabajo desarrolló una amplia estrategia de vigilancia sobre las entidades encargadas de administrar recursos públicos y parafiscales. El balance consolido 187 auditorías, un seguimiento permanente y 1.855 hallazgos derivados de las actuaciones de control fiscal, cifras que reflejan la dimensión de la supervisión realizada sobre este sector.

Las acciones estuvieron dirigidas principalmente a evaluar el manejo de recursos de cajas de compensación familira, la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) y otros sujetos de control. Como resultado de estas revisiones, se configuraron 278 hallazgos fiscales cuya cuantía ascendió a $233.789,7 millones, además de hallazgos disciplinarios, penales, de incidencia para procesos sancionatorios y beneficios de auditoría.

Auditorías con los mayores impactos económicos

El consolidado por vigencias muestra una evolución constante en el número de actuaciones. Durante 2022 se registraron 243 hallazgos; en 2023 la cifra aumentó a 391; en 2024 llegó a 520; en 2025 se contabilizaron 500 y, durante el primer semestre de 2026, ya se habían identificado otros 201 hallazgos. Las cuantías asociadas a los hallazgos fiscales superaron los $82.354 millones únicamente en 2025, el mayor monto reportado dentro del periodo analizado.

Entre las auditorías de mayor impacto figura la realizada a COMFACOR. Allí, la Contraloría estableció que la caja de compensación adquirió un lote destinado a un proyecto de vivienda por un valor cercano a $30.901 millones, financiado con recursos provenientes de diferentes fondos parafiscales. Sin embargo, el proyecto nunca fue ejecutado y el predio terminó bajo ocupación ilegal, situación que elevó el riesgo de pérdida de un activo adquirido con recursos públicos.

Otro de los casos destacados correspondió a COMFANARIÑO. La auditoría determinó que la entidad superó en más de $41.048 millones el límite legal del 8 % para gastos administrativos durante las vigencias 2024 y 2025, una situación que, según el informe, comprometió la destinación de los recursos del aporte parafiscal del 4 %.

Hallazgos en la UGPP y advertencias sobre el sistema pensional

Las actuaciones de control también identificaron situaciones relevantes en la UGPP. En una auditoría financiera se configuró un hallazgo fiscal cercano a $11.993 millones por el pago de intereses moratorios derivados del incumplimiento en los plazos para ejecutar sentencias relacionadas con derechos pensionales. De acuerdo con la Contraloría, el retraso en el pago de estas obligaciones generó un detrimento al patrimonio público.

De manera paralela, otra auditoría de cumplimiento detectó un hallazgo fiscal por $10.164 millones, luego de evidenciar fallas en los procesos de validación de los programas PAEF y PAP. El informe indicó que se certificó el cumplimiento de requisitos para 2.846 empresas vinculadas a 27.268 cotizantes que no reunían las condiciones legales, lo que permitió el desembolso de subsidios a beneficiarios que no tenían derecho a recibirlos.

En materia preventiva, la Contraloría también emitió advertencias relacionadas con el sistema pensional. Uno de los principales seguimientos estuvo enfocado en la repatriación estimada de 100,8 billones de pesos durante los primeros tres años de implementación del Decreto 369 de 2026, proceso que, según las proyecciones del organismo, podría alcanzar 177,8 billones de pesos hacia 2030. El documento señala que esta concentración de inversiones en el mercado nacional podría reducir la rentabilidad histórica de los fondos de pensiones y disminuir los rendimientos de las cuentas individuales.

Asimismo, el organismo analizó el traslado de recursos de aproximadamente 120.000 afiliados al sistema pensional, equivalentes a 25,6 billones de pesos, sobre los cuales advirtió riesgos jurídicos y fiscales mientras la reforma permanecía suspendida. Posteriormente, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto que reglamentaba esos traslados, por lo que los recursos continuaron bajo administración de las administradoras privadas de fondos de pensiones.

Estudios para el seguimiento del sector

Desde el control fiscal macro, la Dirección de Estudios Sectoriales elaboró 10 estudios especializados sobre desempleo, informalidad laboral, pensiones, mercado laboral y subsidio familiar, además de cinco boletines macrosectoriales, un foro institucional, tres ponencias y el seguimiento a iniciativas de reformas legislativas relacionadas con el sector trabajo.

Estas actividades complementaron las labores de vigilancia fiscal mediante análisis técnicos orientados al seguimiento de las políticas públicas y el comportamiento de los recursos administrados por las entidades bajo control.

Durante el cuatrienio, una de las principales líneas de análisis se concentro en las medidas cautelares adoptadas por la Supersubsidio sobre las Cajas de Compensación Familiar (CCF). Un estudio realizado en 2024 evidenció diferentes niveles de eficacia y eficiencia de estas actuaciones, así como limitaciones de carácter normativo y de gestión que afectaban su aplicación. Al cierre de 2023, la Supersubsidio tenía activas quince (15) medidas cautelares.

Los hallazgos del estudio fueron considerados por la Corte Constitucional en el examen de constitucionalidad de los numerales 20, 22 y 23 del artículo 7 del Decreto Ley 2150 de 1992. En su análisis, la Corte coincidió con la Contraloría en la identificación de vacíos normativos y en la posible afectación de principios fundamentales como la reserva de ley, la legalidad y el debido proceso.

Como resultado, mediante la Sentencia C-298 de 2025, la Corte declaró inexequibles dichas disposiciones, con efectos diferidos para no afectar las funciones de inspección, vigilancia y control (IVC) ejercidas por la Supersubsidio. Asimismo, exhortó al Congreso de la República a expedir un nuevo régimen cautelar y sancionatorio para el Sistema del Subsidio Familiar en un plazo máximo de dos legislaturas, hasta junio de 2027.

Posteriormente, un estudio elaborado en 2026 analizó el comportamiento de las 12 medidas cautelares del Sistema del Subsidio Familiar (que continúan vigentes al comenzar 2026) a la luz de la citada sentencia, evidenciando que el 21 % de las CCF (una de cada cinco) tenía alguna medida cautelar vigente.

Dos medidas se levantaron durante el primer semestre de 2026 por orden judicial y una por superación de las causas que la originaron, permaneciendo intervenidas nueve (9) CCF que administran 1,5 billones de recursos parafiscales (en 2025). El análisis identificó efectos indirectos en el levantamiento de algunas medidas, dado que los jueces que ordenaron su terminación acudieron a los argumentos expuestos por la Corte Constitucional. No obstante, no se evidenciaron efectos de la sentencia sobre la prórroga de las medidas vigentes, ya que la Supersubsidio decidió extenderlas durante el primer semestre de 2026. De igual manera, se observó una posible incidencia de la decisión judicial en la adopción relacionada con la ausencia de nuevas medidas cautelares por parte del ente de vigilancia.

Esta línea de estudios permitió aportar evidencia técnica para la evaluación de las actuaciones de supervisión del Sistema del Subsidio Familiar y contribuir al debate institucional sobre el fortalecimiento de su marco normativo.