Hallazgos sorprendentes del general Zuluaga en el DNI: espionaje y corrupción en el gobierno de Petro

La Dirección Nacional de Inteligencia, el servicio secreto del presidente de la República, es la entidad donde se ha sentido con más fuerza el movimiento del péndulo político, que se ha desplazado de la izquierda a la derecha. Durante la administración de Gustavo Petro, allí pasaron tres viejos militantes de la guerrilla del M-19, reemplazados con la llegada del nuevo gobierno por el general (r.) Jorge Andrés Zuluaga López, ex director de la Escuela Charry Solano, recordado como un centro de interrogación de personas detenidas por sus vínculos con grupos extremistas.

Cuando asumió su cargo el 9 de septiembre de 2026, nombrado por el presidente Abelardo de la Espriella, el general Zuluaga recibió un informe de empalme de 26 páginas, datado en julio de 2026, que era más un inventario de sospechas que un traspaso formal de mando.

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El documento tenía la particularidad de que no era producto de las auditorías que ha llevado a cabo el gobierno desde la época del empalme, sino que fue preparado por funcionarios de planta de la entidad, quienes fueron testigos de los hechos que ellos mismos narran.

El dossier, revelado por Noticias Caracol, describe tres fenómenos que Zuluaga tendrá que enfrentar conjungando, al mismo tiempo, los verbos depurar, responder y reconstruir.

El espionaje a carros de expresidentes

La agencia está acusada de espiar a quienes debía proteger. La acusación más grave se relaciona con la existencia de un plan para intervenir los vehículos de los esquemas de seguridad de expresidentes y exvicepresidentes de la República, incluidos César Gaviria, Álvaro Uribe e Iván Duque.

El general (r.) Jorge Andrés Zuluaga es el nuevo director de la Dirección Nacional de Inteligencia en el gobierno de Abelardo de la Espriella.

Según el informe, el gobierno de Petro expidió el Decreto 0563 del 3 de junio de 2026, a dos semanas de la segunda vuelta presidencial, para darle a la DNI una función en la asignación de esos vehículos. En la práctica, eso habría permitido preparar los carros con micrófonos y dispositivos GPS, al nivel del más sofisticado espionaje.

El informe también se refiere a una presunta casa de inteligencia clandestina cerca de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, que habría sido desocupada después de las elecciones y borrada de los registros oficiales. Además, menciona equipos entregados a funcionarios tras un viaje a Moscú para capacitación del SVR ruso, que podrían contener programas maliciosos.

“Para el señor general Zuluaga, el reto no es solo jurídico. Es de confianza. Si una agencia de inteligencia es percibida como un instrumento de espionaje político, pierde su razón de ser porque ningún presidente, ningún ministro y ningún ciudadano va a compartir información sensible con una entidad que sospecha que los sigue, los graba y los vigila”, comenta una persona que formó parte del equipo de analistas de la DNI.

Su primera tarea, por tantto, consiste en demostrar que la DNI de hoy no es la DNI del empalme. Eso implica abrir investigaciones internas, separar a quienes resulten comprometidos y, sobre todo, crear un protocolo verificable para que la inteligencia estratégica no se mezcle con la vigilancia política.

La huella visible del hacker

Quienes se quedan en el equipo de la Dirección y quienes entran tendrán que evaluar los alcances del daño producido por un hacker que no fue simplemente un fantasma, sino que quiso convertirse en un caballo de troya para atacar el proceso electoral en el que obtuvo su victoria Abelardo De La Espriella.

Carlos Oyola está acusado de intentar hackear el resultado de las elecciones de segunda vuelta en las que fue ganador Abelardo de la Espriella, fue capturado el 6 de noviembre en Neiva.

Carlos Andrés Oyola Tovar, ingeniero de sistemas que ingresó a la DNI en febrero de 2024, es señalado en los documentos internos como coordinador de activistas digitales, bodegueros y hackers y como líder de una red que buscaría atacar los sistemas de la Registraduría para cambiar los resultados de la votación del 21 de junio de 2026. El hacker actuaba mientras Petro insistía, desde la época de la campaña, en que habría un fraude electoral.

Oyola tenía una orden de captura desde el 7 de mayo de 2026, tres semanas antes de la primera vuelta, y sin embargo siguió siendo funcionario activo hasta su captura el 6 de noviembre de 2026 en Neiva, en un operativo del Gaula Militar y el CTI por un caso distinto. El hombre había falsificado un título profesional presuntamente expedido por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad).

Oyola estaba a cargo del desarrollo del Sistema Integrado de Inteligencia y Contrainteligencia (SIIC versión 2), el software corazón de la DNI y no lo entregó. Según su versión, perdió en un robo el computador que era su herramienta de trabajado subrepticio.

¿Cómo fue posible que una persona con orden de captura siguiera dentro de la agencia más sensible del Estado durante seis meses? ¿Qué pasó con el SIIC versión 2? Las respuestas que las autoridades encuentren a esas dos preguntas servirían para entender por qué la Dirección Nacional de Inteligencia ha estado privada desde 2024 de una plataforma confiable para registrar sus misiones de trabajo.

Carlos Ramón González está asilado en Nicaragua, luego de que fuera acusado acusado de los delitos de cohecho, peculado y lavado de activos.

El tercer problema denunciado es el único que ya tiene un proceso formal abierto. Por orden del contralor general de la República, Jorge Eliécer Laverde, fue abierto un expediente para la revisión prioritaria de cinco contratos por $20.783 millones.

Millonarios contratos a revisar

Los contratos incluyen la adquisición de un helicóptero no tripulado por $9.000 millones, siniestrado en marzo de 2026 y asegurado por solo $900 millones, el diez por ciento de su valor.

Además, la compra de tres sistemas antidrones por $8.340 millones, dos de ellos instalados en camionetas Tahoe 2024 para la Casa de Nariño. Lo mismo que la dotación de 595 computadores por $1.314 millones, registrada en el contrato 043 de 2024, que según el informe no tenían capacidad de equipos corporativos.

Será revisada la gestión para la compra de un sistema biométrico por $580 millones (contrato 053 de 2022), que nunca entró en funcionamiento por incompatibilidad. Lo propio ocurrirá con el mobiliario y dotación para la sede de Funza por $1.549 millones, que incluyó 10 atriles a $14 millones cada uno y camas a $18 millones.

“La seguridad nacional no puede convertirse en una excepción al deber de proteger los recursos públicos. La reserva de la información debe garantizar la seguridad del Estado, pero no puede impedir la verificación del uso adecuado de sus recursos”, declaró el contralor Laverde.

El informe de empalme que recibió Zuluaga no es solo una denuncia contra el gobierno anterior. Es el diagnóstico de una enfermedad que muestra sus síntomas en una agencia sin controles, sin memoria institucional y sin límites claros entre la inteligencia, la política y la contratación.