En un reciente artículo de opinión en el Wall Street Journal, Elon Musk y Vivek Ramaswamy ofrecieron detalles del ambicioso plan «DOGE» que buscaría implementar Donald Trump para eliminar «miles» de regulaciones y reducir el tamaño del gobierno federal.
Siguiendo la noticia. Este movimiento no solo marcaría un regreso al enfoque desregulatorio del primer mandato de Trump, sino que también se apoyaría en precedentes legales recientes que facilitan la revocación de normas establecidas durante administraciones anteriores.
En su primer mandato, Trump revocó más de 100 regulaciones ambientales, debilitando protecciones clave. Su nuevo mandato podría seguir una línea similar, apuntando a reglas significativas de la era Biden.
Musk y Ramaswamy argumentan que las regulaciones frenan el crecimiento económico, posicionando el plan DOGE como una herramienta para agilizar la burocracia y promover la eficiencia gubernamental.
Fallos recientes de la Corte Suprema, con jueces designados por Trump, han debilitado el marco regulatorio, facilitando la eliminación de normas clave sin necesidad de reformas legislativas.
La administración Biden rompió récords en la promulgación de regulaciones significativas, con 292 nuevas normas “económicamente significativas” publicadas hasta octubre de 2024, según el Centro de Estudios Regulatorios de la Universidad George Washington.
Estas reglas, diseñadas para abordar desafíos como el cambio climático, la seguridad laboral y la estabilidad financiera, enfrentan ahora una amenaza directa de ser anuladas bajo el plan DOGE.
El enfoque no solo refleja una lucha ideológica entre partidos, sino que subraya la creciente dependencia de los presidentes en la regulación para implementar sus agendas ante un Congreso paralizado.
El “Departamento de Eficiencia Gubernamental” (DOGE), liderado por Musk y Ramaswamy, no tiene autoridad ejecutiva para eliminar regulaciones, pero busca operar como un motor de recomendaciones para Trump.
Durante su primer mandato, Trump utilizó disposiciones como la Ley de Revisión del Congreso (CRA) para revocar normativas establecidas al final de la administración Obama, un precedente que se espera replicar y ampliar esta vez.
El grupo progresista Public Citizen ya identificó más de 100 regulaciones susceptibles de ser eliminadas bajo la CRA, abarcando desde estándares ambientales hasta protecciones laborales. Ejemplos recientes incluyen:
Aunque sectores empresariales celebran la posibilidad de una menor carga regulatoria, críticos advierten sobre las consecuencias. Por ejemplo, algunos argumentan que la desregulación bancaria del primer mandato de Trump contribuyó a la minicrisis financiera de 2023. Además, ambientalistas temen que retrocesos en disposiciones sobre agua potable puedan aumentar riesgos para la salud pública.
La narrativa se complica con el respaldo judicial: fallos recientes han favorecido la limitación del alcance regulatorio, alineando la visión conservadora de Trump con la Corte Suprema.
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