En mayo, el gobierno interino de Delcy Rodríguez desmanteló al menos tres granjas “ilegales” de minería digital, alegando altos consumos de energía que sobrecargan al golpeado Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Una de ellas, ubicada en la zona de San Vicente, estado Aragua, contaba con 4.000 equipos ASIC, que consumen entre ocho y 10 megavatios (MW), según la explicación de las autoridades.
Pero ¿quiénes tienen la capacidad de instalar estas grandes estructuras digitales en Venezuela?
“Los enchufados”, responde un conocedor y exminero de criptomonedas en Venezuela, que prefiere mantener su identidad bajo anonimato por miedo a represalias. El entrevistado, además, menciona el caso de la empresa CoinCoin X para dar contexto a su afirmación.
Desde la gestión de Nicolás Maduro, el gobierno impulsó con fuerza el uso de criptoactivos. Incluso creó el Petro, una supuesta criptomoneda nacional. Desde muy temprano, Venezuela se convirtió en un territorio fértil para la minería de criptomonedas debido a los bajos costos de la electricidad y a la creciente informalidad económica.
Para nuestro entrevistado, quien comenzó a minar en 2015, esta actividad representó una forma de resguardar sus ingresos de la inflación y de las constantes devaluaciones del bolívar. Para el gobierno, en cambio, se convirtió en una herramienta para sortear las sanciones internacionales y reducir la dependencia del sistema bancario internacional.
Para 2023, CoinCoin era una empresa vinculada al sector de los criptoactivos cuya granja era descrita en su publicidad como la más grande de Latinoamérica. Sus accionistas, Yobet Alberto Henríquez Ysla y Carmen Marina Isla de Henríquez —según una investigación del medio Armando.Info—, mantuvieron nexos comerciales con Rafael Isea y Tarek El Aissami mientras ambos estuvieron al frente de la gobernación de Aragua.
El Instagram de esta empresa se mantiene inactivo desde que en 2023 se destapó el desfalco a la nación del caso Pdvsa-Cripto, por el que El Aissami, entre otros funcionarios, continúa preso. Al día de hoy, hay usuarios que siguen dejando comentarios en el perfil de CoinCoin en reclamo de los fondos que no les fueron reintegrados tras la paralización “temporal” de sus operaciones.
Al igual que la reciente granja desmantelada por el gobierno, la sede de CoinCoin estaba ubicada en la zona industrial de San Vicente, un territorio que por años estuvo dominado por la megabanda criminal Tren de Aragua.
Ambas instalaciones tienen muchas similitudes: amplios galpones, paredes grises, estructuras de metal y sistemas propios de ventilación, enfriamiento y transformación eléctrica.
Las similitudes pueden observarse tanto en el vídeo publicado por las autoridades durante el allanamiento realizado el 7 de mayo —del que no ofrecieron mayores detalles sobre quiénes operaban allí— como en el vídeo publicado en 2022 por el influencer Maickel Melamed en las instalaciones de CoinCoin, que fue allanada en 2023 por funcionarios del Sebin y cuyos equipos fueron confiscados.
La principal diferencia parece ser que la granja de CoinCoin contaba con 65.000 equipos ASIC, lo que representaba una demanda de entre 160 y 230 MW. Es decir, solo el consumo de ese establecimiento equivalía a entre 2 % y 3 % de la energía que generaba la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar (Guri) para aquel momento, cuya producción se estimaba en apenas 8.000 MW, según especialistas.
El gobierno achaca la clausura de estos espacios a la alta carga eléctrica que generan. Sin embargo, las fallas del SEN no son nuevas.
Aunque la administración de Rodríguez atribuyó los recientes cortes eléctricos al “pasaje perpendicular de los rayos solares” y llamó al ahorro energético, lo cierto es que ya en 2010 Hugo Chávez hablaba de una “emergencia eléctrica” en el país.
La capacidad del SEN se ha visto erosionada por múltiples factores, entre ellos el deterioro y la inoperatividad de la mayoría de las plantas termoeléctricas, así como los escándalos de corrupción que rodearon proyectos nunca culminados, como la represa de Tocoma, que supuestamente iba a reforzar significativamente la generación eléctrica nacional.
En Bolívar también fue desmantelada otra granja “ilegal” con más de 310 máquinas ASIC. El consumo eléctrico de esta cantidad de equipos representa apenas 0,775 MW, según cálculos propios. Sin embargo, la gobernadora del estado, Yulisbeth García, aseguró que se trataba de un “gran golpe” contra estas prácticas “ilegales”.
La otra granja estaba ubicada en el estado Carabobo y contaba con apenas 13 equipos de minería.
—Tenemos que apagar hasta la última máquina que esté minando en el territorio— aseguró el gobernador Rafael Lacava.
Sin embargo, empresas como CoinCoin también operaban en Carabobo y Bolívar.
De igual manera, pese a las prohibiciones y amenazas por parte del Ministerio de Energía Eléctrica y al cierre de granjas, el portal Hashrate Index indica que la minería digital continúa activa en Venezuela, con una potencia de cómputo (hashrate) que alcanza los 5 EH/s, una de las más elevadas de la región.
El exminero digital consultado por La Gran Aldea explica que la criminalización de la minería de criptomonedas no es nueva en Venezuela y que, para poder operar con “normalidad” y “tranquilidad”, no bastaba con registrarse ante la ahora desmantelada Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip), sino que era necesario pagar “vacunas” a funcionarios de seguridad o contar con los “contactos necesarios”.
—Muchas veces ni así logras tener paz mental (…) Cuando prefieres la paz mental sobre la ganancia (…) Muchos mineros digitales han tenido ese momento en que han dicho: “Hasta aquí”, y prefieren vivir en paz o emigrar.
En días recientes, el político opositor Andrés Velásquez, en entrevista para Infobae, denunció la existencia de más granjas de minería digital dentro del estado Bolívar, específicamente en el complejo hidroeléctrico de Macagua y en la subestación eléctrica de Guayana, todo bajo la “protección” de la gobernadora García y del jefe regional de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), Rafael Rangel.
—Ellos mismos agarran las subestaciones eléctricas para montar granjas de criptomonedas— afirma el fundador del partido La Causa R.
Sobre el auge y la caída de las criptomonedas en Venezuela, Jesús Leonett, consultor en finanzas, explica que responden a “dos momentos económicos distintos”, mientras que el futuro de esta actividad en el país requerirá ciertas condiciones.
—En términos comerciales, lo que antes pudo ser rentable por el bajo costo de la electricidad hoy luce mucho menos viable frente al racionamiento, la fragilidad del sistema elétrico y la falta de reglas estables (…) Pueden tener futuro, pero solo bajo condiciones muy específicas: reglas claras, tarifas eléctricas diferenciadas, inversión privada, medición transparente del consumo y garantías regulatorias. Sin eso, es difícil que sea una actividad sostenible.
La opinión emitida en este espacio refleja únicamente la de su autor y no compromete la línea editorial de La Gran Aldea.
El director ejecutivo de Chevron Corp., Mike Wirth, afirmó este viernes 29 de mayo que…
Soy un compulsivo televidente de noticieros, podcasts y lectura de la prensa diaria venezolana, colombiana…
Un militante del Polo Democrático, una exsenadora Uribista y un exviceministro de Duque son los…
En 2018, Iván Cepeda fue diagnosticado con cáncer de colon y 4 años después, le…
La burbuja de Washington, DC y la escasez liberal han causado un gran debate en…
Las constantes fallas en el sistema eléctrico generan un impacto en la vida diaria de…