Una coalición de 16 estados liderados por republicanos presentaron una demanda para poner fin a un programa federal destinado a proporcionar a casi medio millón de inmigrantes, casados con ciudadanos estadounidenses pero sin estatus legal, una vía hacia la ciudadanía.
Presentada ante el tribunal federal de Tyler, Texas, la demanda argumenta que la administración Biden se extralimitó al crear un programa que ayuda a inmigrantes sin la aprobación del Congreso con «fines políticos flagrantes».
Lanzado por el presidente Joe Biden en junio, el programa permite a muchos cónyuges indocumentados solicitar la «libertad condicional en el lugar», lo que les permite permanecer en EEUU, solicitar una green card y, finalmente, buscar la ciudadanía.
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, criticó el programa, afirmando que «viola la Constitución» y agrava lo que calificó de «desastre de la inmigración ilegal».
Diseñada para mantener la unidad familiar, la política se enfrenta a una fuerte oposición durante un año electoral muy centrado en la inmigración. Los críticos, incluido Paxton, argumentan que en realidad concede una amnistía a quienes entraron ilegalmente en el país.
Los demandantes en el pleito, un grupo de estados encabezados por la fiscal general de Florida, Ashley Moody, pidió al tribunal que detenga el programa mientras avanza el caso.
La objeción de Moody, publicada en X, afirma que que su estado está impugnando la política de libertad condicional en el lugar porque cree que la administración Biden «está utilizando ilegalmente la ‘libertad condicional’ de manera sistemática para avanzar en su agenda de fronteras abiertas».
La organización conservadora sin ánimo de lucro America First Legal, dirigida por Stephen Miller, antiguo asesor de Donald Trump, actúa como coasesora en la demanda.
Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) defiende el programa. La portavoz del DHS, Mayra Alejandra, declaró que la agencia seguiría tramitando las solicitudes y defendiendo el programa Keeping Families Together ante los tribunales.
“Keeping Families Together se basa en una autoridad legal bien establecida, y su propósito, permitir que las familias de ciudadanos estadounidenses vivan sin temor a la separación, es consistente con los valores estadounidenses fundamentales”, dijo Alejandra.
El portavoz de la Casa Blanca, Angelo Fernández Hernández, tachó la demanda de otra forma de separación familiar y acusó a los republicanos de «jugar a la política».
La organización bipartidista de inmigración y justicia penal FWD.us dijo que el programa cumple con la ley y destacó el momento de la demanda: cuando la vicepresidenta Kamala Harris aceptó la nominación demócrata para presidente.
“La única motivación detrás de esta demanda es la crueldad de separar familias y la política grosera de esperar que un juez pueda hacer lo que le ordena el movimiento antiinmigrante”, dijo la organización en un comunicado.
Karen Tumlin, fundadora del Centro de Acción por la Justicia, se hizo eco de este sentimiento, describiendo el desafío legal como «poco sorprendente aunque extremadamente decepcionante y cruel».
“Sin embargo, es importante enfatizar que nada cambia por ahora y el proceso sigue abierto y aceptando solicitudes”, dijo.
Para poder acogerse al programa, los solicitantes deben haber residido de forma continuada en EEUU durante al menos 10 años, no suponer una amenaza para la seguridad y carecer de antecedentes penales inhabilitantes.
También deben haber estado casadas con un ciudadano estadounidense antes del 17 de junio, el día anterior al anuncio del programa. Deben pagar una cuota de $580 para presentar la solicitud y completar una larga solicitud, que incluye una explicación de por qué merecen la libertad condicional humanitaria y una larga lista de documentos de respaldo que prueban cuánto tiempo han estado en el país.
Los solicitantes aprobados ganan 3 años para buscar la residencia permanente, durante los cuales pueden obtener autorización de trabajo. La administración estima que unas 500.000 personas podrían ser elegibles, además de unos 50.000 de sus hijos.
Anteriormente, las personas indocumentadas casadas con ciudadanos estadounidenses se enfrentaban a un difícil camino hacia el estatus legal, que a menudo requería retornos de años a sus países de origen sin garantías de reingreso.
Según la demanda, Texas gasta decenas de millones de dólares cada año en un programa que ofrece seguro médico a los niños, incluidos los que se encuentran en el país ilegalmente.
También se afirma que el estado gasta millones cada año “en reforzar la aplicación de la ley, ya que sus ciudadanos sufren un aumento de la delincuencia, el desempleo, los daños ambientales y el desorden social debido a la inmigración ilegal”.
Debido a que los beneficiarios del programa tendrán derecho a una autorización de trabajo, esos trabajadores adicionales “reducirán los salarios de los residentes de Texas, perjudicando directamente al Estado y a sus ciudadanos”, dice la demanda.
Evelyn Wiese, abogada de inmigración de Americans for Immigrant Justice, describió la demanda como un “ataque” a las familias de estatus mixto que han pasado años contribuyendo a sus comunidades en los Estados Unidos.
“Intentar destrozar a estas familias e impedirles acceder a una vía legal para obtener un estatus en Estados Unidos es cruel y refleja un extremismo antiinmigrante”, afirmó.
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