El Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) cerró sus puertas antes de lo previsto y dejó a Washington, DC con la boca abierta y la agenda llena de vacantes. ¿El motivo? Una combinación de despidos masivos, promesas de ahorro que no se cumplieron y caos administrativo. Lo que se suponía que iba a ser un “recorte milagroso” terminó siendo un experimento que dejó a miles de trabajores federales fuera del juego.
DOGE nació en enero de este año por orden ejecutiva de Donald Trump, con la misión de hacer más eficiente al gobierno y recortar gasto federal. Pero sobrevivió apenas 11 meses, cerrando oficialmente con ocho meses de anticipación. Durante ese tiempo, cerca de 300,000 empleados federales —casi 10% de la fuerza laboral— perdieron sus puestos, muchos de ellos en DC, Virginia y Maryland.
El plan era ambicioso: recortar hasta $2 billones en su primer año, según Elon Musk, rostro mediático del proyecto. La realidad: DOGE reportó más de $200 mil millones en ahorros, dejando agencias desordenadas y proyectos a medio camino. Max Stier, presidente de la Partnership for Public Service, resumió el desastre:
“Nada se salvó del camino del dinero, y se causó un daño real a la capacidad del gobierno para resolver grandes problemas. Fue un ‘fuego, fuego, fuego’ en lugar de un ‘listo, apunta, dispara’”.
Para los residentes de Washington, DC, esto no es solo politica: familias afectadas, contratos cancelados y servicios interrumpidos. DOGE expulsó talento clave justo en la ciudad donde el gobierno es el motor de la economía. Stier advierte:
“Lo que DOGE logró fue ahuyentar a algunos de los mejores talentos que teníamos en el gobierno”.
Menos experiencia disponible significa menos capacidad para manejar lo cotidiano… y lo crítico.
Aunque DOGE ya no opera como organización centralizada, funcionarios insisten en que sus “principios” siguen vivos: eficiencia, desregulación y modernización tecnológica. La realidad: nadie sabe exactamente quién lidera qué ni cómo se aplicarán esas medidas. La transparencia brilló por su ausencia desde el principio, y muchos empleados trabajaban bajo contratos temporales de solo 130 días, generando más inestabilidad que soluciones.
DOGE prometía cortar burocracia y ahorrar billones, pero dejó en DC despidos, confusión y proyectos inconclusos. La ciudad, que depende del gobierno federal, enfrenta ahora el reto de recuperar talento, reorganizar agencias y reconstruir confianza en un sector que debería sostener la vida cíivica. En pocas palabras: el experimento terminó, pero el caos… todavía no.
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