El petróleo, la ubicación geoestratégica y su contribución a la economía nacional han hecho de Zulia, a lo largo de su historia, una de las regiones más importantes de Venezuela. Pero hoy en día, el estado—que limita con los departamentos colombianos de La Guajira, Cesar y Norte de Santander—se ha convertido en un centro de tráfico de drogas aéreo, marítimo y fluvial. También alberga operaciones del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Este es el lugar donde el Ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, ha elegido reafirmar el control sobre la frontera y todas las operaciones en la zona. Desde su nombramiento, ocho de los 21 alcaldes de Zulia han sido arrestados y destituidos. Rafael Ramírez Colina, alcalde de Maracaibo, y Nabil Maalouf, del municipio de Cabimas, fueron los primeros en ser removidos—ambos fueron acusados de corrupción.
Los siguieron Fernando Loaiza Chacón, Danilo Añez, Alberto Sobalvarro, Jorge Nava y Nervis Sarcos, alcaldes de los municipios de Catatumbo, Jesús Enrique Lossada, Almirante Padilla, Miranda y Colón, respectivamente. El arresto más reciente tuvo lugar el miércoles, 2 de abril, cuando la alcaldesa del municipio fronterizo de La Guajira, Indira Fernández—cuya capital es Sinamaica—fue llevada a Caracas y detenida en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).
Los ocho líderes municipales han sido acusados de una serie de crímenes que incluyen corrupción, tráfico de drogas, tráfico de armas y contrabando. La operación, liderada por el Ministro Cabello, ha sido apodada “Operación Relámpago”.
Esta represión trasciende la afiliación política. Ramírez, Maalouf y Sarcos son miembros de los partidos de oposición Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo, que apoyaron a María Corina Machado y Edmundo González Urrutia en las elecciones presidenciales del año pasado. Sobalvarro, Nava, Añez y Fernández pertenecen al PSUV, mientras que Loaiza es miembro de Acción Democrática, alineado con la facción liderada por el secretario general Bernabé Gutiérrez.
En cada municipio, se ha entregado el liderazgo interino—según regulaciones internas—ya sea a un representante del ejecutivo municipal o a un miembro del concejo municipal local.
El 4 de abril, mientras confirmaba el arresto de la alcaldesa de La Guajira, Cabello afirmó que los alcaldes—tanto pro-gobierno como de oposición—eran “cómplices de una vasta red de tráfico de drogas, contrabando de armas y entrenamiento paramilitar.”
En esa misma declaración, Cabello acusó al empresario José Enrique Rincón—propietario de empresas de cultivo de camarones que operan a lo largo de las costas del Lago de Maracaibo—de actuar como intermediario para “lavado de dinero y el movimiento de drogas desde Colombia.” Previsiblemente, Cabello culpó a María Corina Machado y Edmundo González Urrutia de liderar la red, afirmando que los alcaldes supuestamente servían como enlaces entre representantes del ELN—un conocido aliado del régimen chavista—y los principales carteles de droga.
Pero aunque Cabello enmarca la operación como una lucha contra grupos guerrilleros y el tráfico de drogas en Zulia, fuentes del PSUV consultadas por #LaHoraDeVenezuela dicen que en realidad se trata de una lucha interna por el control de la frontera colombiana—y un esfuerzo por bloquear que Manuel Rosales sea reelegido gobernador el 25 de mayo.
“Cabello siempre ha intentado controlar las fronteras. Lo logró antes, especialmente en Apure, Táchira, Bolívar y Zulia, gracias a su alineación con gobernadores de la facción del PSUV que controla. Maduro utilizó la crisis política regional en Zulia (durante las elecciones regionales de 2021) para reducir su poder. Pero después de las elecciones de julio de 2024, Maduro necesita reforzar los lazos con el ala militar y le ha dado a Cabello luz verde para restablecer el orden en la frontera,” explicó una fuente política en Zulia afiliada al PSUV, que pidió el anonimato.
La misma fuente dijo que la represión contra los alcaldes de oposición es esencialmente política—pero que los alcaldes del PSUV están siendo castigados por “hacer negocios por su cuenta, sin respetar la cadena de mando del partido.”
La nominación del ingeniero Luis Caldera como candidato del PSUV para la gobernación de Zulia es otra evidencia de la intención del gobierno de formalizar un código de repartición de poder en la región. Caldera ha sido alcalde del municipio de Mara (San Rafael de El Moján)—un área con fuerte presencia del ELN y crimen organizado—durante los últimos 20 años. “Caldera tiene el apoyo tanto de Maduro como de Cabello, pero también de los grupos irregulares, no estatales,” añadió la fuente.
Su declaración más reciente sobre el asunto vio a Cabello anunciar la incautación de más de 31 toneladas de cocaína en marzo, y que “la investigación está en curso—ningún alcalde está protegido.”
El informe ELN: Corrupción, Crimen Organizado e Internacionalización, publicado en 2024 por la Fundación Paz y Reconciliación en asociación con la Alianza Rebelde Investiga de Venezuela (ARI), explica que la presencia del ELN en Zulia ha crecido exponencialmente en la última década—especialmente cuando el PSUV controlaba tanto el gobierno regional como todos los municipios. El ELN ahora es activo en al menos 10 de los 21 municipios de Zulia. Cuatro de esos eran gobernados por alcaldes que desde entonces han sido arrestados.
Según testigos locales, tanto alcaldes pro-gobierno como de oposición han negociado acuerdos de convivencia con el grupo guerrillero. “El ELN incluso financia pequeños proyectos de infraestructura en algunos municipios, porque no llegan fondos desde Caracas o el gobierno del estado,” dijo un residente de Jesús Enrique Lossada, donde fue detenido el alcalde del PSUV Danilo Añez.
Otro informe—Tráfico de Drogas en Venezuela 2024: Un Negocio que Enriquece el Poder y se Expande, publicado por Transparencia Venezuela en el exilio—describe la aparición de un corredor de tráfico de hoja de coca y cocaína. Esta ruta, utilizada para movimiento aéreo, fluvial y marítimo, está controlada por el Cartel de los Soles (Venezuela), el Cartel de Sinaloa (México) y el Clan del Golfo (Colombia), operando desde Norte de Santander a través de varios municipios en Zulia.
“Toda esta estructura es bien conocida por las autoridades municipales, regionales y nacionales. Por eso las acciones del Ministro Cabello son menos sobre resolver el problema y más sobre señalar un cambio en quién ejerce el poder en Zulia,” dijo una fuente en el sector de seguridad.
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