Desapariciones Forzadas en Venezuela: La Oscura Realidad de un Estado Corrupto

«La desaparición forzada no termina cuando se llevan a la persona: continúa cada día en el dolor de quienes la buscan.» —Amnistía Internacional España.

Van de un lado a otro preguntando por sus seres queridos: son madres, padres, abuelas, esposas, hijos. Solo saben que sujetos encapuchados, generalmente vestidos de negro, fuertemente armados y usando camionetas que solo el poder criminal detenta, los interceptaron y se los llevaron: a algunos desde sus casas o trabajos, a otros caminando en la calle. Testigos, grabaciones de transeúntes o cámaras de seguridad dejan el registro. Para la mayoría, el paso siguiente es condenar el evento, repudiar los hechos y exponer a los autores. Para sus familias, el calvario apenas comienza: perdura días, semanas, a veces años enteros, y de ello pocos se enteran. Algunos logran retornar a sus hogares; otros tantos no lo consiguen; de cientos nada se sabe. Ningún organismo ofrece respuestas, nadie rinde cuentas: quieren borrarlos, como si nunca hubiesen existido.

Hay acciones represivas que nacen tímidamente mientras se producen ajustes en el sistema, a la espera de que los mecanismos que deben contrarrestarlas dejen de funcionar o se alineen deliberadamente hasta convertirse en una política de Estado. Eso ocurre hoy en nuestro país con las desapariciones forzadas: se fueron normalizando, ya no espantan a nadie, todos los organismos se cohesionaron para que la gente “simplemente desaparezca”. Eso sí, no cualquier persona: estas acciones están siempre dirigidas a quienes son percibidos como opositores, disidentes o peligrosos para el sistema político criminal dominante.

Por estos días, la batuta en esta práctica la lleva la Policía Nacional Bolivariana, un organismo que es el cúmulo de todos los errores y despropósitos que caracterizan a un cuerpo inoperante, ideologizado, corrompido en todos sus niveles, pobremente formado y estratégicamente “liderado” por algunos de los sujetos con menor talante ético del país. Hay que recalcar que toda desaparición forzada se inicia con una detención arbitraria de la cual se hace imposible obtener información. Los organismos niegan la detención o no aportan información al respecto, lo que impide a la persona y a sus familiares ejercer los derechos inherentes para restablecer los que les han sido infringidos.

Sobre este patrón señalo la Misión Independiente para la Determinación de los Hechos en 2025: “Las detenciones selectivas forman parte de un plan deliberado del aparato represivo del Estado para silenciar a figuras de la oposición, o a quienes son percibidos como tales —incluidas las personas defensoras de los derechos humanos—, y para infundir miedo en la población.”

“Mantener a personas opositoras en condiciones de aislamiento e incomunicación es una práctica perversa e ilegal que puede constituir un crimen internacional”, afirmó Marta Valiñas, presidenta de la Misión.

Los cuerpos de seguridad del Estado, en connivencia con el Ministerio Público, son responsables de llevar a cabo esta práctica: el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Además, los juzgados penales y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia son cómplices al asegurar la impunidad de estos crímenes y graves violaciones de derechos humanos.

En el marco de esta práctica política planificada desde las más altas esferas, la falta de funcionamiento eficaz de los mecanismos de protección legal es alarmante y confirma la ausencia de un verdadero Estado de Derecho. Esta ausencia de protección está ejemplificada por la ineficiencia de la institución del habeas corpus, un mecanismo de defensa fundamental contra las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y el riesgo de torturas.

Como vemos, no se trata de una situación puntual ni de responsabilidad atribuible a algún organismo o grupo de funcionarios desviados. Es, evidentemente, una política pública de la que forman parte organismos policiales de represión, pero también toda la institucionalidad que tiene el deber de impedir que esto ocurra: jueces, fiscales y la Defensoría del Pueblo. Para el momento en que escribo estas líneas, decenas están desaparecidos, tal vez cientos, sin que podamos tener certeza frente a la cifra negra producto del silencio ante la desbordada represión de familiares y amigos. No hay límites entre las víctimas: niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores sufren por igual este patrón. La angustia de los familiares es incontenible y las herramientas legales son inoperantes ante la complicidad del TSJ, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, quienes están perfectamente coludidos con la perpetración de este crimen.

En el caso de la PNB, se agregan las extorsiones que derivan de la amenaza de llevarse a las personas, del cobro por decir dónde se encuentran o por permitir visitas, enseres o el acceso a servicios elementales como el baño, agua potable o medicamentos una vez que han “aparecido” en algunos de los inmundos centros de detención. Una “industria” del secuestro político se ha tejido al amparo de un régimen para el que los seres humanos no tienen ningún valor. Todo tiene un precio, y las familias hacen lo imposible por pagarlo para no hacer más penosa la situación de sus afectos.

Hay casos atroces, como madres o abuelas desaparecidas, adolescentes o personas con discapacidad. Mencionar alguno es dejar a un lado otros, y todos son igualmente importantes. Mientras usted lee esto, hay familias que peregrinan por centros de detención en los que son maltratadas por uniformados que dicen no saber de la persona desaparecida, y los mandan de un lado a otro. Todos fingen no saber, aunque tengan al desaparecido tras una puerta contigua: el objetivo es causar la mayor cantidad de sufrimiento posible. A la par, los tribunales o se niegan a recibir las acciones de habeas corpus o, en caso de recibirlas, no las deciden hasta que la persona “aparezca”, para luego publicar un insólito auto en el que afirman que está procesada en tal o cual tribunal, a pesar de que probablemente hayan pasado meses desde la detención ilegal.

Como si no bastara tanta maldad, en días recientes el fiscal al servicio de la dictadura condecoró en la sede del Ministerio Público a varios de los perpetradores de desaparición forzada, con Alexander Gramko y Miguel Domínguez a la cabeza, ambos sonrientes, posando con el defensor del pueblo, también condecorado por sus “servicios” contra la nación. Afortunadamente, a cada paso dejan la evidencia que los condenará.

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