Televisión Azteca, el segundo mayor conglomerado de TV y multimedia en México, enfrenta problemas económicos desde febrero de 2021. Ese año dejó de pagar los intereses de una deuda superior a 630 millones de dólares con tenedores de bonos cuyo fiduciario es uno de los bancos más grandes de Estados Unidos: The Bank of New York Mellon.
Como colofón de esta crisis, hace seis meses, el 10 de marzo de 2026, debió iniciar en México un proceso denominado “concurso mercantil”, una especie de declaración de bancarrota donde el deudor negocia con los acreedores condiciones favorables para pagar sus deudas. Pero antes de arrancar, una inesperada maniobra le endosó letras pequeñas al procedimiento. Apenas cinco semanas antes, la televisora suscribió un nuevo préstamo, esta vez por 290 millones de dólares, con un banco offshore de Santa Lucía. El contrato correspondiente estableció condiciones que dan prioridad a los pagos a esa entidad.
El banco de Nueva York demandó entonces, el 2 de junio de 2026, a TV Azteca ante la Corte Federal del Distrito del Sur de Florida. Acusa a la televisora y al AlterBank –el presunto prestamista, un banco offshore con sede en Santa Lucía, país insular a unos 1,600 kilómetros al noreste de la isla de Margarita– de participar en un esquema fraudulento, por el cual habrían simulado un crédito para evadir sus obligaciones de pago con otros acreedores. “Nuestra investigación sugiere que AlterBank no contaba con los fondos para llevar a cabo dicho préstamo por sí solo, y TV Azteca se ha negado a compartir información relativa al préstamo”, dice un recurso interpuesto por el banco de Nueva York, en el que solicitan que la Corte ordene a TV Azteca y a AlterBank compartir toda la documentación sobre ese préstamo. “La evidencia que está a la vista sugiere que el préstamo de AlterBank puede ser una operación fraudulenta”, aseguran.
AlterBank no es un banco tradicional. Su estructura y capital son diminutos: no cuenta con agencias de atención al público y, según documentos internos de la entidad financiera, apenas dispone de un capital de 4 millones de dólares. “Información pública de AlterBank muestra que solo cuenta con una oficina semi-vacía, solo con tres empleados: un recepcionista, un empleado de marketing y un gerente. Los directores del banco cumplen sus funciones desde sus residencias en Florida y AlterBank no tiene clientes en Santa Lucía, debido a que tiene prohibido llevar a cabo sus negocios con residentes de la isla”, resalta la demanda. La gran pregunta de esta historia: ¿cómo una entidad pequeña y sin operaciones aparentes tiene la solvencia financiera para prestar 290 millones de dólares a una de las corporaciones más conocidas de un magnate latinoamericano como Ricardo Salinas Pliego?
Salinas Pliego es uno de los más prominentes empresarios de México. Fundó el Grupo Salinas, un conglomerado de medios, comercio minorista y servicios financieros que incluye a TV Azteca y Banco Azteca. Forbes estimaba su patrimonio, junto con el de su familia, en unos 3,7 billones de dólares. Además, tiene un perfil activo en política y es conocido por sus posturas críticas en redes sociales contra la administración de Claudia Sheinbaum. En los últimos años ha sostenido una disputa con el gobierno mexicano por deudas fiscales.
En TV Azteca responden que la operación se hizo apegada a derecho y que han sido transparentes sobre el destino de los recursos. “Este financiamiento, legal y legítimo, se hizo público hace seis meses y la empresa ha sido igualmente clara al explicar que los recursos fueron utilizados para cumplir con sus obligaciones fiscales ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT)”, declaró para este trabajo, por correo electrónico, el 21 de septiembre, Luciano Pascoe, director general de Noticias y Comunicación de TV Azteca.
Pascoe, sin embargo, no se refirió a las preguntas sobre cómo TV Azteca llegó a un banco de Santa Lucía para obtener un préstamo de esa magnitud ni sobre si conocían que AlterBank tenía apenas 4 millones de dólares de capital. Como respaldo a su explicación, compartió un comunicado difundido el 7 de julio de 2026 por Grupo Salinas sobre el pago de la deuda tributaria.
Semanas antes de que TV Azteca decidiera someterse al “concurso mercantil”, la televisora y AlterBank modificaron el préstamo para aceptar como garantías de pago las notas de deuda de la propia empresa. Para el banco neoyorquino, que reclama precisamente el pago de esas notas, el momento y los términos de la operación son reveladores: el nuevo acuerdo habría colocado a AlterBank por delante de otros acreedores, justo cuando TV Azteca se preparaba para entrar en un proceso de insolvencia. En la demanda, Mellon Bank sostiene que el crédito fue estructurado de manera fraudulenta para “frustrar el pago de las notas (…) [y] darle prioridad a AlterBank sobre las notas en el concurso mercantil”. En otras palabras, se trataría de una operación para prevenir cualquier embargo.
El expediente menciona que detrás de AlterBank figuraba el venezolano Juan Francisco Ramírez, quien también estuvo involucrado en el escándalo de un grupo de banqueros venezolanos, pero en Puerto Rico: el del Nodus Bank, que está en proceso de liquidación por un fraude a los ahorristas. En este caso, el mismo Ramírez se declaró culpable de haber desviado más de 13,6 millones de dólares. Otro venezolano, Tomás Niembro, ex presidente de la entidad boricua, recibió esta semana en Florida una condena de nueve años de prisión por fraude y cooperación para evadir sanciones financieras impuestas por Washington al régimen de Caracas.
Según registros públicos, Juan Ramírez vendió su participación en Alterbank en noviembre de 2024. El 10 de septiembre de 2026, El Faro y Armando.info, localizaron a Ramírez para obtener su versión sobre la demanda del Bank of New York Mellon y los señalaminetos de fraude contra Alterbank. “En este momento, no puedo dar una declaración, porque tengo un caso con Nodus Bank y con Alterbank”, se excusó ante los reporteros. “Les pido por favor que se remitan con los actuales dueño de AlterBank: Tomás Hernández y Augusto Castillo. Que ellos les den la información”. Fue la única pista, parca pero a la vez reveladora, que Ramírez accedió a ofrecer.
Los compradores a los que Ramírez señala son dos empresarios, también venezolanos, pero con vínculos con el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele.
En diciembre de 2024, un año antes de que ocurriera el supuesto préstamo a TV Azteca, Augusto César Castillo Chávez compró oficialmente las acciones del AlterBank, según el expediente de la Corte del Sur de Florida. Pero la declaración de Ramírez advierte que en esa transacción también vendió a Tomás Hernández, asesor de Bukele y uno de los venezolanos que forman parte de su círculo de confianza en El Salvador.
Augusto Castillo es un venezolano residenciado en México sin trayectoria pública conocida en el sector financiero. En cambio su padre, Wiomar Alfredo Castillo Martínez, es gerente de Aroum Group, una empresa offshore de Islas Vírgenes Británicas –un reconocido paraíso fiscal del Caribe– que durante la pandemia defraudó al gobierno de El Salvador con la planeada entrega de leche en polvo por valor de de 7 millones de dólares, en el marco de un contrato de 27 millones de dólares del Programa de Emergencia Sanitaria (PES), que anunciaba despensas de alimentos a hogares vulnerables.
El contrato para suministrar 8.070 toneladas métricas de leche en polvo fue adjudicado el 11 de abril de 2020 por el gobierno de El Salvador. Una auditoría de la Corte de Cuentas salvadoreña –la institución contralora de la hacienda pública– determinó que esos 7 millones de dólares en leche en polvo nunca ingresaron a El Salvador. “Comprobamos que se pagó la suma de $1,730,134.20 por producto no recibido, más $5,355,655.20 por pago en exceso entre el monto contratado y lo pagado”, dice la conclusión del borrador de la sentencia que fue archivada por la Corte de Cuentas.
El socio de Augusto Castillo en AlterBank es Tomás Hernández, quien junto a su esposa, María Alejandra García, fue designado como responsable de la logística del empaquetado de despensas del Programa de Emergencia Sanitaria en los ministerios de Gobernación y de Agricultura, que durante la pandemia impulsó el ya famoso grupo de asesores venezolanos que encabeza Sara Hanna, una ministra sin nombramiento oficial.
El 19 de noviembre de 2022, Tomás Hernández y su esposa, María Alejandra García, destacaron entre los invitados al matrimonio de Ibrajim Bukele quien, además de hermano del Presidente, es uno de los principales tomadores de decisiones en instituciones del área económica y en las empresas autónomas de energía y telecomunicaciones del gobierno salvadoreño.
Además de la indagatoria de la Corte de Cuentas por la compra fraudulenta de leche a Aroum Group –la offshore de Islas Vírgenes Británicas vinculada a la familia de Augusto Castillo–, Hernández era mencionado en otra investigación de corrupción. Cuando la Fiscalía aún no había sido cooptada por Bukele, en 2020, el nombre de Hernández apareció por primera vez en El Salvador como parte de un esquema de corrupcion en la compra de alimentos para familias vulnerables.
El Grupo Especial Antimafia, una unidad de la Fiscalía, entonces sustanció el llamado caso Catedral: un expediente que investigaba a todo el entorno presidencial no solo por la compra de alimentos para el Programa de Emergencia Sanitaria (PES), sino también por el llamado pacto de Bukele con las pandillas. En una indagatoria inicial, Tomás Hernández y María Alejandra García fueron incluidos como sujetos de interés por la Fiscalía, en el “organigrama de estructura criminal”. La investigación quedó archivada tras el golpe parlamentario contra el órgano judicial de 2021, con el que el bukelismo destituyó ilegalmente al Fiscal y a los magistrados de la Sala de lo Constitucional. El fiscal impuesto, Rodolfo Delgado, desintegró el Grupo Especial Antimafia y ordenó confiscar información a sus miembros. Los fiscales que lo conformaban marcharon al exilio, incluido German Arriaza, el fiscal anticorrupción que lideraba el grupo.
El mismo ciudadano venezolano investigado en El Salvador aparece ahora en AlterBank. Aunque en la demanda de Miami su nombre no figura formalmente como propietario del banco, documentos de Santa Lucía muestran que mantiene una participación activa: figura como director y dispone de un usuario y un correo corporativo con el dominio de AlterBank.
No fue posible contrastar esta información con Hernández ni con Castillo. Se les envió comunicación por vía telefónica y correspondencia, pero no hubo respuesta alguna. El abogado que los representa en nombre de Alter Bank, Michael Díaz, tampoco respondió. Aunque había accedido a una videollamada desde Miami, canceló horas antes de publicar esta nota.
Antes de convertirse en los banqueros detrás de un préstamo –que en la demanda de Miami señalan de fraudulento– por 290 millones de dólares a TV Azteca, los nuevos propietarios de AlterBank ya aparecían en otro banco de capital venezolano, el Nodus International Bank, pero en otra jurisdicción caribeña, Puerto Rico, y no como accionistas sino como ahorristas afectados. Si bien eran apenas dos entre 7,500 ahorristas perjudicados por la intervención y colapso del banco, por la cuantía de los depósitos en sus cuentas, destacaban como unos de los mayores clientes.
El Nodus fue intervenido por las autoridades financieras de la isla en mayo de 2023 y posteriormente entró en proceso de liquidación. Las irregularidades iban desde pagos camuflados para sus propios accionistas hasta algo aún más inusual: una solicitud, después de la intervención, de una comisión para recuperar los fondos perdidos.
Durante el proceso de liquidación apareció AlterBank. En abril de 2024, uno de los antiguos propietarios de Nodus, Juan Francisco Ramírez, solicitó que parte de la cartera de crédito del banco puertorriqueño fuera trasladada a AlterBank, entonces una entidad mucho más pequeña en Santa Lucía. La solicitud fue rechazada por el regulador puertorriqueño, la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), que advertía que AlterBank no estaba preparado para recibir nuevos clientes ni contaba con las licencias o la infraestructura para hacerlo.
Ahora Ramírez dice a Armando.info y a El Faro que vendió el banco de Santa Lucía a dos personajes que, en paralelo a esta historia, tienen vínculos a defraudaciones al estado salvadoreño durante la pandemia. Esta conexión resulta especialmente relevante en el caso del Nodus Bank, porque una fuente que forma parte del proceso de liquidación del banco, en Puerto Rico, advierte que la empresa SM Intertrade tiene unos 6.9 millones de dólares congelados en Nodus y cuyo destino depende de cómo concluya el proceso de liquidación.
Desde 2022, SM Intertrade es el nuevo nombre de Aroum Group, la offshore de Islas Vírgenes Británicas, según consta en el Registro de Empresas de ese territorio. El cambio de nombre se produjo después del escándalo y de una auditoría de la Corte de Cuentas salvadoreña, que señaló el fraude de 7 millones de dólares por la leche que nunca ingresó a El Salvador, casi el mismo monto que quedó varado en San Juan de Puerto Rico.
Esta historia fue investigada y reportada por El Faro de El Salvador y Armando.info de Venezuela, que la publican de manera simultánea.
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