Delcy Rodríguez: La Nueva Presidenta Interina de Venezuela y Sus Controversias

Cuando fuerzas especiales de Estados Unidos capturaron al dictador venezolano Nicolás Maduro en una redada antes del amanecer del sábado, aquello debió ser un momento de triunfó para la oposición democrática de Venezuela. Sin embargo, en lugar de respaldar el liderazgo de Edmundo González, cuya victoria en las elecciones de julio de 2024 fue ignorada por Maduro, el presidente Donald Trump anunció que trabajaría con Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Maduro desde hace seis años. Después de que Trump la calificara de “amable” y afirmara que estaba “básicamente dispuesta a hacer lo que creemos necesario para que Venezuela vuelva a ser grande”, el Tribunal Supremo, controlado por el madurismo, la nombró rápidamente “presidenta interina” ese mismo sábado, marginando a la oposición elegida en las urnas.

Pero el momento exige precaución: Rodríguez no es ni amable ni reformista. Es una comunista declarada que ha ocupado cargos clave tanto bajo el antiguo dictador Hugo Chávez como bajo Maduro, explica a Reason la intelectual y política venezolana Paola Bautista de Alemán. En 2017, Maduro designó a Rodríguez como presidenta de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, que usurpó las funciones de la Asamblea Nacional recientemente controlada por la oposición. Más tarde ese mismo año, Maduro la incorporó al llamado “Comando Antigolpe”, encargado de perseguir opositores bajo los falsos pretextos de conspiración o terrorismo.

Como vicepresidenta, Rodríguez supervisó los organismos responsables de la represión y violaciones masivas de derechos humanos. Entre 2018 y abril de 2021 ejerció control jerárquico directo sobre el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), el temido organismo de inteligencia encargado de la vigilancia interna y el contraespionaje. Bajo su liderazgo, el SEBIN actuó como policía política para perseguir a presuntos enemigos del régimen, entre ellos el dirigente opositor Freddy Guevara, quien fue detenido en 2021, dos días después de que Rodríguez lo acusara públicamente de estar vinculado a bandas criminales. El exdirector general del SEBIN, Cristopher Figuera, declaró ante las Naciones Unidas que se comunicaba con la vicepresidenta “prácticamente todos los días”, incluso para informarle sobre escuchas telefónicas y vigilancia a políticos.

En 2020, la ONU concluyó que existían “motivos razonables para creer” que Rodríguez “sabía o debía haber sabido” de los delitos cometidos por funcionarios del SEBIN, incluidas detenciones arbitrarias y torturas. A pesar de tener autoridad para impedir estos crímenes, no lo hizo.

Además de las violaciones de derechos humanos, Rodríguez ha sido acusada de corrupción y de sobornar a funcionarios internacionales, como lo reflejan el escándalo conocido como “Delcygate”. Investigadores españoles creen que en 2020 Rodríguez orquestó un plan para vender 104 lingotes de oro del Estado venezolano a empresarios españoles a través de funcionarios corruptos del Ministerio de Transportes. La operación habría tenido lugar en el aeropuerto de Madrid, donde Rodríguez se reunió con el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, pese a que tenía prohibida la entrada en territorio de la Unión Europea.

Las presuntas irregularidades no terminaron ahí. Tras recibir 62 millones de dólares en ayudas del Estado español en marzo de 2021, la aerolínea española Plus Ultra habría utilizado esos fondos para devolver “préstamos” a cuentas vinculadas a Venezuela en el extranjero. Los investigadores sospechan que el esquema sirvió para lavar dinero procedente tanto de la venta de oro como del desfalco del programa venezolano de distribución de alimentos, lo que implica que recursos destinados a alimentar a venezolanos hambrientos pudieron acabar en cuentas bancarias europeas.

A todo esto se suman las acusaciones de antiguos funcionarios venezolanos sobre el papel de Rodríguez en el Cartel de los Soles, la red de narcotráfico dirigida por altos cargos del régimen. El exgeneral venezolano Cliver Alcalá Cordones, que cumple una condena en una prisión federal de Estados Unidos tras declararse culpable de delitos relacionados con narcóticos, envió en diciembre de 2025 una carta demoledora a Trump. Publicada por The Dallas Express, la misiva afirmaba que Rodríguez y su hermano Jorge, presidente de la Asamblea Nacional, son los verdaderos jefes del cártel y que administran tanto los ingresos del oro ilegal como las ganancias del narcotráfico.

El historial de Rodríguez le ha valido sanciones de Estados Unidos, la Unión Europea, Suiza y Canadá por corrupción y por socavar la democracia. En 2018, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos congeló sus activos y la incluyó en la lista de Nacionales Especialmente Designados por su papel en la consolidación del autoritarismo en Venezuela. Ese mismo año, la Unión Europea la sancionó por acciones que “socavaron la democracia y el Estado de derecho en Venezuela”.

Al respaldar a altos funcionarios del régimen ilegítimo de Maduro, la administración Trump está desaprovechando la oportunidad de trabajar con líderes políticos locales que sí cuentan con legitimidad y apoyo popular.

Tras la captura de Maduro, González y María Corina Machado pidieron de inmediato que González asumiera su mandato constitucional como presidente legítimamente electo. David Smolansky, portavoz oficial de González, expuso el plan de la oposición: liberar a los presos políticos, restaurar el orden democrático y facilitar el regreso de los millones de venezolanos forzados al exilio por los fracasos del regimen. En lugar de eso, Trump optó por trabajar con Rodríguez, dejando de lado a la oposición elegida democráticamente y obligándola a ver cómo Estados Unidos se asocia con el mismo régimen que les robó la victoria.

No está claro si Rodríguez se convertirá en una reformista que conduzca al país del chavismo hacia la democracia, o en una figura autoritaria que consolide el poder con respaldo estadounidense. La confianza de los venezolanos no está puesta en Rodríguez, señala Paola Bautista de Alemán, sino en la capacidad de Trump para usar la fuerza, o la amenaza de usarla, para imponer una democratización. Es una base precaria para construir una transición democrática.Trump apuesta a que puede impulsar una transición de poder aliándose con una figura central de un régimen sancionado, cuyo currículum incluye la supervisión de un servicio de inteligencia vinculado a la tortura, presuntas operaciones de narcotráfico y un esquema internacional de sobornos. ¿Qué podría salir mal?