De la Clandestinidad al Exilio: La Urgente Odisea de Venezolanos Tras el 28J

El 3 de agosto de 2024, decenas de drones surcaban los cielos sobre la ciudad de Carora, capital del municipio Torres del estado Lara, centrooccidente de Venezuela.

Los artefactos sobrevolaban la vivienda de Iraida Timaure, entonces alcaldesa encargada de la entidad tras la salida de Javier Oropeza, quien había tenido que pasar a la clandestinidad por la persecución política.

El municipio Torres, un cantón semidesértico en el oeste de Lara, había estado bajo el control del oficialismo chavista desde 1999. Sin embargo, en 2021, se produjo un cambio en el panorama político local cuando Javier Oropeza, empresario agrícola y propietario del periódico El Caroreño, ganó las elecciones municipales como candidato independiente. 

Para Iraida Timaure, la suplente de Oropeza que se creía provisoria, aquella mañana de agosto, apenas unos días después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, no solo sería la primera vez en la que pudo ver drones sobrevolando su hogar, sino también el momento en que tuvo que enfrentar una decisión que finalmente tomó, como muchos venezolanoss tras el fraude consumado por el régimen de Nicolás Maduro en esos comicios presidenciales y la represión sin precedentes que le siguió: dejar el país para irse al exilio; a Buenos Aires, en su caso particular. Esto no solo significó un éxodo sobrevenido para Iraida; también fue la primera vez en sus 62 años que salió de Venezuela.

La situación no era para menos. En Carora ocurría entonces lo mismo que en otras municipalidades de toda Venezuela. Parte de la población que había votado por el candidato opositor, Edmundo González Urrutia -quien, de acuerdo a numerosas evidencias, resultó ganador- salió a las calles a protestar el fraude cometido por el régimen entre gallos y medianoche. Los cuerpos de seguridad contraatacaron e hicieron miles de arrestos en las principales urbes. Entre el 28 y el 29 de julio de 2024 se registraron más de 915 protestas en todo el país, más de dos mil detenciones arbitrarias y la cifra de muertos durante la represión alcanzó las 25 personas asesinadas; una de ellas, por cierto, cayó abatida en Carora. Se trató de Walter Páez, de 29 años, padre de dos hijos, impactado en el abdomen por un proyectil que le ocasionó la muerte.

En esas horas salvajes de fragor represivo, diversas organizaciones civiles y defensores de derechos humanos denunciaron el uso de drones como un recurso no solo para vigilar sino también para intimidar a los manifestantes. Y de nuevo Carora no fue una excepción en esa novedad incorporada al despliegue de las fuerzas de choque de la dictadura. Los drones también sobrevolaron las casas de Oropeza, de sus vecinos, de algunos empleados de la alcaldía y sobre negocios de comida, posadas y abastos. 

La coacción surtió efecto e impuso “el exilio silencioso de una parte importante del tejido asociativo del país”, como lo describió la iniciativa de diversas ONG llamada Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento. Carora también fue pródiga en ejemplos de ello: de la nómina de la alcaldía del municipio Torres hace poco más de un año, hoy Javier Oropeza y 41 empleados se encuentran en el exilio, al igual que siete de sus familiares. Otros dos trabajadores se mantienen arbitrariamente detenidos en las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin, policía política) y del Comando Nacional Antiextorsión y Antisecuestro (Conas, una unidad especial de la Guardia Nacional Bolivariana, GNB) en Barquisimeto, la ciudad capital del estado Lara.

A Javier Oropeza también le confiscaron su apartamento, dos fincas familiares —las haciendas Copacoa y Bariquigua—, así como la sede física de El Caroreño y de El Diario de Lara. La confiscación de propiedades a personas exiliadas, junto con la persecución de sus familiares, se han convertido en una práctica sistemática del régimen chavista en los últimos años. A Iraida Timaure, la alcaldesa encargada, le quitaron su casa en Carora. Era su único bien patrimonial. “Se llevaron todo: las cortinas, los colchones, las cama, los muebles, la nevera, la cocina, los aires acondicionados, los vehículos, las computadoras. Todo”.

La violencia que el oficialismo desató después del “triunfo” amañado de Nicolás Maduro, quien aspiraba a la reelección para el cargo que en 2018 había “ratificado” mediante otro proceso irregular, no solo acabó con la vida de 25 venezolanos; también cambió la de muchos más. Entre ellos, centenares de activistas que se vieron obligados a camuflarse en la clandestinidad sin pensarlo dos veces. Durante meses, permanecieron aislados de familiares y amigos, evaluando rutas de escape por fronteras terrestres, mientras el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, el principal del país, se transformaba en un punto de riesgo y de detenciones arbitrarias.

Algunos datos reflejan la magnitud del deslave humano. Juntos se Puede, una organización que desde 2019 atiende a venezolanos migrantes en Colombia, registró más de 500 personas que llegaron al país vecino por motivos políticos, entre el 1 de agosto y el 30 de octubre de 2024, una cifra sin precedentes si se compara con años anteriores, cuando los casos no superaban la veintena.

Para esta historia, Armando.Info entrevistó a más de 40 personas desplazadas por motivos políticos después de las elecciones del 28 de julio de 2024 en México, Colombia, Panamá, Bolivia, España, Argentina, Chile y Estados Unidos. Además, llegó a documentar un total de 408 casos. Los perfiles son variados: testigos y miembros de mesa, militantes, defensores de derechos humanos, periodistas, dirigentes políticos, voluntarios y familiares. Todos enfrentaron amenazas, detenciones, desapariciones o la persecución contra sus allegados.

Muchos optaron por la clandestinidad inmediata al ver cómo detenían a compañeros o vecinos. Algunos permanecieron escondidos durante semanas o meses. La vida en esa clandestinidad significó aislamiento total: sin contacto con familiares ni amigos, con el uso del teléfono limitado a lo indispensable y con redes sociales completamente bloqueadas. La ansiedad, la paranoia y la depresión se convirtieron en parte de la rutina.

“No regreses a la casa”

Javier Oropeza, en Carora, fue uno de los 20 alcaldes que resultaron inhabilitados, perseguidos o detenidos en los días posteriores al 28 de julio. Tres alcaldes se vieron obligados al exilio en este contexto. Uno de ellos fue Rigoberto Ovallos, alcalde del municipio Antonio Rómulo Costa del estado Táchira (Andes del suroccidente de Venezuela), sobre quien pesa una orden de aprehensión desde junio del 2024 por cargos de peculado doloso propio y evasión de licitación. Cuatro días le tomó cruzar por el monte, desde Venezuela a la vecina Colombia. “Fueron días desgarradores, peligrosos y dolorosos, en los que sentí miedo, recibí amenazas de la guerrilla, caminé descalzo y nadé por ríos en los que no me sentía seguro”, describe.

El gobernador de Táchira, Freddy Bernal, del oficialista Partido Socialista Unidos de Venezuela (PSUV) dijo en una rueda de prensa de agosto de 2024 —días después de que Ovallos cruzara frontera— que le habían informado que el alcalde fugitivo estaba en Bogotá. “No tiene nada que ver con la parte política, lo de él es por corrupción”, aseguró Bernal entonces.

Táchira fue otro enclave opositor al que la represión abrumó por esos días. Pero allí el acoso y la intimidación desarrollaron formas propias. Por ejemplo, quienes participaron en las elecciones del 28 de julio —ya fuera como activistas, miembros de mesa, testigos electorales o dirigentes políticos— vieron sus rostros publicados en distintas páginas de redes sociales de grupos armados activos en la frontera, como el colombiano Ejército de Liberación Nacional (ELN) y grupos de base del oficialismo. Voceros de la alta jerarquía chavista, como el propio Freddy Bernal o el ministro del Interior y número dos del régimen, Diosdado Cabello, en su programa semanal de TV, Con el mazo dando, divulgaron sus nombres para señalarlos ante los seguidores del chavismo gobernante.

En 14 municipios de Táchira se comprobaron episodios de persecución contra 51 militantes de Vente Venezuela, el movimiento de la líder opositora, María Corina Machado. Las víctimas ocupaban cargos como la secretaría ejecutiva, coordinación de organización, activismo, juveniles, municipales, gestión pública, así como simples miembros de la organización. La persecución también llegó a 15 de sus familiares, según entrevistas realizadas por Armando.info al equipo regional de la tolda política. Todos permanecen en el exilio y la mayoría prefiere no revelar su ubicación por temor a represalias.

Entre ellos se encuentra Pedro Delgado, de 21 años, activista del municipio Junín e integrante de la organización Táchira de Verdad, dedicada a hacer labor social en comunidades vulnerables del estado. Su familia emigró en 2018. 

Desde pequeño, Delgado sentía inconformidad con la situación del país, según recuerda: la inseguridad, la falta de servicios y la represión habían obligado a la partida de sus seres queridos. En 2022 se sumó a Vente Venezuela para apoyar el proceso de primarias. “Mi esperanza era que toda mi familia volviera a casa”, cuenta desde su exilio actual en México. “Recuerdo cada casa-por-casa, la alta receptividad de la gente. Éramos más de 50 personas recorriendo el municipio. La gente se fue sumando voluntariamente”.

El 30 de junio de 2024, Delgado recibió la primera amenaza. Cuando salía de un partido de fútbol, dos personas en moto se le acercaron y lo golpearon en la cara. “Eso es para que sigas con María Corina”, le advirtieron. A Delgado lo dejaron de golpear solo porque unos vecinos salieron a gritar. 

Desde ese 30 de junio comenzó a tomar medidas de seguridad. Como él, centenares de venezolanos involucrados en activismo, periodismo, política o defensa de derechos humanos adoptaron un estilo de vida que Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento define como semiclandestinidad. Esto implica la rotación constante de lugares de estadía, el uso de diferentes redes telefónicas y la conexión únicamente a redes wifi consideradas seguras. “Dormí en más de 20 lugares diferentes, dejé de jugar fútbol, tuve insomnio todo ese mes. Cerré mis redes sociales”, recuerda Delgado

El 24 de julio de 2024, día del cierre de campaña, él y un grupo de unas 80 personas fueron rodeados a las afueras de una vivienda. “Yo tenía puesta una camisa de Vente. Estaba en una bodega cuando recibí una llamada: ‘No regreses a la casa, mandaron a desalojar a todo el mundo’. Los oficiales, sin identificación, decían que había una orden de captura en mi contra”, recuerda. Al día siguiente, decidió salir de Venezuela. Su casa fue allanada. “Hay una camioneta [Toyota] Hilux sin identificación rodeando tu casa”, le advirtió una de sus primas. Sin embargo, fiel al mismo compromiso que lo había movido en 2022, Pedro decidió volver. Burló los cuerpos de seguridad en el paso fronterizo de Delicias y el 28 de julio retornó para votar, disfrazado para evitar que lo detuvieran en tránsito a su centro electoral. “Tenía lentes, tapabocas y gorra, para cubrir mi identidad”, cuenta.

Ese 28 de julio, los puntos de control de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) estaban activos. Cerca de las ocho de la noche, la avenida de Las Américas se llenó de motos. “Se sabía que habíamos ganado”, dice. Fue entonces cuando los colectivos comenzaron a tomar las calles: más de medio centenar de motos y camionetas, todas negras, conducidas por hombres encapuchados.

Durante los días siguientes comenzaron a circular por distintos grupos de WhatsApp varias fotos de Delgado bajo el rótulo de “Se busca”. Era una práctica ya extendida en esos días, usada para señalar y exponer públicamente a activistas y opositores. “Una tía chavista me llama y me dice que mi retrato está en todos lados. Y me dice: ‘Váyase’”, recuerda. Delgado alcanzó a escapar con ayuda de su “motorizado de confianza” y cruzó hacia Cúcuta, la ciudad capital del departamento colombiano de Norte de Santander. Desde entonces, no ha regresado a Venezuela.

Un mes y medio le tomó atravesar luego la selva del Darién, de Colombia a Panamá, hasta llegar a México. Una de las escenas que más recuerda ocurrió en el sector La Bandera, en la travesía del Darién, donde los migrantes dejaban clavadas las enseñas nacionales de sus países, a manera de testimonios. Delgado dejó la suya el 17 de septiembre de 2024 y escribió: “Venezuela libre”. Llegó a México pocos días después.

Pero el exilio no le trajo toda la calma que podía esperar. Las amenazas contra él y sus allegados continuaron. El 9 de enero de 2025, día en el que Nicolás Maduro se juramentó nuevamente como presidente, el ELN publicó en Facebook los rostros de distintos activistas de Vente en Junín, entre ellos el suyo.

El exilio, para él como para muchos otros, no ha sido sinónimo de protección. Tampoco lo ha sido ni para sus familiares ni para las propiedades que dejaron atrás.

Salto a la sombra

Julio Velazco, padre de Marcos Velazco, Enlace Nacional de Organización Adjunto en Vente Venezuela, quien tuvo que huir del país en agosto de 2024, tiene más de 100 días arbitrariamente detenido en la sede de  la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET), en La Quebradita, en Caracas, luego de que se lo llevaran a la fuerza mientras iba a tomar un taxi al salir de su casa, el 2 de septiembre de este año en Caracas.

Su hijo, Marcos Velazco, se inició en la política mientras estudiaba Ciencias Políticas en la Universidad Central de Venezuela (UCV). En 2019 se sumó a Vente Venezuela, donde ha desempeñado distintos cargos, como los de Coordinador Nacional de Universidades y Coordinador Juvenil de Caracas. Con 23 años, y tras las presión ejercida contra la directiva del partido en simultáneo a las primarias de oposición, celebradas en octubre de 2023, asumió su cargo actual para cubrir las bajas de los dirigentes que se habían tenido que refugiar en la embajada de Argentina en Caracas y que, 14 meses más tarde, conseguirían escapar al extranjero. Para entonces, Marcos Velazco ya había recibido una señal anticipada de los riesgos que correría: Henry Alviárez, titular de la Coordinación Nacional de Organización de Vente, el segundo al mando en ese partido y jefe directo de Velazco, fue detenido el 20 de marzo de 2024 y permanece hasta la fecha en El Helicoide, la infame prisión y centro de torturas en Caracas.

Desde la Dirección Nacional, Velazco también se encargó de apoyar el llamado Plan 600K, cuyo objetivo era coordinar a 600.000 personas para resguardar las actas de votación que, tras las elecciones del 28 de julio, dieron constancia del triunfo de González Urrutia, y que hoy se guardan en Panamá. 

Tanto Velazco como decenas de otros dirigentes de Vente Venezuela pasaron a la clandestinidad luego de la masiva movilización del 30 de julio de 2024 en Caracas, en la que la propia María Corina Machado apareció por minutos y fue objeto de amenazas.En esa movilización Machado apareció camuflada, con un suéter negro, subida sobre el techo de un autobús; luego tuvo que retirarse de manera abrupta. Los motorizados que la trasladaron ese día fueron amenazados, y algunos detenidos. “Ustedes aman esta causa y este país. Por favor, no sigan conmigo en la caravana”, recuerda Velazco que María Corina Machado les dijo ese 30 de julio tanto a él como a Carlos Fernández, Coordinador Nacional de Vente Joven y Enlace de Operaciones y Juventud del Comando Con Vzla.

“Fue una decisión de todo el equipo, mientras veíamos cómo el régimen avanzaba con los secuestros, desapariciones y detenciones. Lo más complicado fue que prácticamente se desvaneció el círculo de confianza operativo”, comenta Velazco sobre la consigna de pasar a la clandestinidad. 

A posteriori, María Corina Machado tuvo que hacer otro tanto y protegerse mediante una clandestinidad que apenas hace unos días acaba de dejar para recibir el Premio Nóbel de la Paz en Oslo, Noruega; el candidato Edmundo González Urrutia, por su parte, terminó como un presidente electo en el exilio, tras un fugaz refugio en la embajada de España en Caracas. Durante este año y medio, a pesar de la prominencia de ambas figuras, no han evitado el sino de sus compañeros: sus familiares, al igual que los integrantes de sus equipos más cercanos, fueron perseguidos y amenazados. El hijo político de González, Rafael Tudares Bracho, fue condenado hace poco a 30 años de cárcel, la máxima pena que permite la Constitución venezolana.

Como todo exiliado, Velazco lleva impresos en la memoria los detalles de su último día en el país. Recuerda la gente en las calles de Caracas y, de fondo, la canción Aquí no se pide nada de Franco de Vita. Ese día también se despidió de su amigo y colega, Carlos Fernández. Cada uno tomó una moto distinta para ir a un escondite y luego salir del país. “Cada uno tenía su bolso, con poca ropa, y eso es todo”.

Fueron los primeros miembros del Comando Con Venezuela que lograron escapar del cerco chavista en agosto. “Siempre está la angustia de esas más de 26 horas en carretera, burlando alcabalas. Vi a muchos paramilitares armados. Luego tomé una balsa por un río, hasta que finalmente me encontré en territorio colombiano y empecé a llorar. Lo primero que siento es que estaba huyendo del país como un criminal, cuando los que deberían estar huyendo son ellos”.Desde Colombia, Velazco siguió a Estados Unidos. Un año antes de la detención de su padre —en septiembre de 2024— funcionarios encapuchados y sin identificación irrumpieron y allanaron su casa. Allí se encontraba su abuelo, de 72 años. “A mi abuelo le pidieron la cédula y lo fotografiaron con ella sobre el pecho. Le quitaron su celular, todo. Nadie de mi familia sabe cómo salí ni nada. Lo más duro es que tienes que mantener una comunicación mínima con ellos para garantizar algo de seguridad, aunque sabemos que nada es garantía”.

A Velazco también lo mencionó Diosdado Cabello en El Mazo Dando. “Sigo sin revelar mi ubicación exacta a nadie. Nos hemos sentido vigilados tanto en Colombia como en Estados Unidos. Sin embargo, ahora entiendo que el exilio no es una derrota. Es una forma de burlar la represión del régimen y demostrar que son insuficientes, vulnerables y penetrables. Estamos en un momento histórico que apenas está en pleno desenlace, y la sociedad civil venezolana ha demostrado firmeza y disciplina en este año y medio. Es admirable”.

Los ataques contra la reputación y las exposiciones al escarnio público -y potenciales agresiones- se extendieron desde otros grupos armados. Xiomara Sierra, una de las fundadoras de Vente Venezuela y secretaria política de ese movimiento en el estado Miranda, de Miranda por ese partido, también tuvo que pasar a la clandestinidad después del 30 de julio, luego de que colectivos armados de Caracas difundieran en redes sociales fotografías suyas en las que la acusaban de terrorista. A diferencia de Marcos y Carlos, Sierra permaneció casi cinco meses escondida, tiempo durante el cual sus familiares también fueron amenazados por cuerpos de seguridad.

Antes de las elecciones, su labor había consistido en juramentar a más de 200 comanditos en zonas del municipio Sucre del estado Miranda -en el extremo oriental de Caracas- que tradicionalmente habían sido bastiones chavistas, como los barrios populares de La Dolorita, Filas de Mariche y Petare. Los integrantes de esos comanditos también fueron perseguidos.

Durante casi cuatro meses, Sierra no pudo dormir. Ruidos habituales de la capital como el chirrido de un grillo, los pasos de un rabipelado o el sonido de una moto, se transformaron en señales de alerta. “Eso es lo único que se te pasa por la cabeza: que te van a atrapar”, dice desde su exilio en España. “Escuchaba cualquier sonido y me decía: ‘Llegaron’”.

El crimen de participar

El desmantelamiento de Vente Venezuela estaba escrito en tiza sobre una pizarra en El Helicoide. Literalmente: un venezolano hoy exiliado, que estuvo más de 12 horas en desaparición forzada y pidió mantener su identidad en reserva para declarar a Armando.info, vio los nombres de todos los miembros del partido, alineados uno debajo del otro, con las fechas de aprehensión y el sitio de reclusión en esa prisión y sede policial. Antes de ser liberado, lo obligaron a grabar un video mostrando su cédula en una oficina de la antigua sede del Sebin en Los Chaguaramos, Caracas. En la grabación apareció asegurando que estaba bien, tanto física como mentalmente. 

“Nos vemos en dos semanas”, le dijeron los funcionarios del Sebin al entregarlo a su familia, en una casa donde solo encontraron a su tío: “Me dijeron que me tenían que dejar con un familiar.” Un día y medio después ya estaba en Bogotá, y luego en Panamá. 

Aunque Vente Venezuela fue particularmente afectada por la razzia, otras organizaciones políticas de oposición también sufrieron los embates. El partido Primero Justicia, por ejemplo,  confirmó a Armando.Info que 90 de sus dirigentes salieron del país después del 28 de julio.

Uno de ellos, Samuel Díaz, director de comunicaciones de Primero Justicia y coordinador nacional de activismo de Toma el Control, un movimiento que promovió el voto joven, cuenta desde su exilio en Bolivia que este año le ha tomado meses procesar el duelo migratorio y superar la paranoia y la ansiedad que vivió en los meses posteriores a las elecciones. Antes de la jornada electoral, ayudó a la inscripción y actualización de datos ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) de 300 jóvenes en Caracas. Su exilio comenzó en enero de este año. “No podemos minimizar estos sentimientos. El exilio es muy solitario. Somos víctimas, aunque nos cueste admitirlo. El régimen nos obligó a emigrar”.En junio de 2025, la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos (ACNUDH) informó que 116 personas habían abandonado Venezuela huyendo de la persecución política tras las elecciones del 28 de julio. Según el organismo, “desde el 29 de julio de 2024, al menos 75 hombres y 41 mujeres, incluidas personas defensoras de derechos humanos, periodistas, sindicalistas y dirigentes sindicales, así como testigos de mesa y miembros de partidos de la oposición, se sintieron obligadas a abandonar el país o a esconderse, por temor a sufrir persecución. Estas personas denunciaron represalias, tales como intimidaciones por parte de diversas autoridades a sus familiares en Venezuela”.

Aún así, el organismo admitía que el número de líderes políticos y sociales que han salido del país de manera forzada resulta difícil de cuantificar. “Las personas no reconocen públicamente su condición de exilio por una combinación de razones políticas, sociales y emocionales que vale la pena desglosar, pues su silencio no implica ausencia de persecución ni invalida la condición de exiliado”. Una de esas razones para la cautela es la de evitar poner en riesgo a la familia que dejó en Venezuela. El documento también explica que “socialmente, el exilio puede generar estigmas de abandono o cobardía, así como pérdida de estatus y credibilidad, y muchas personas optan por preservar su privacidad ante situaciones personales delicadas. Emocionalmente, el exilio implica un duelo no resuelto, sentimientos de culpa y desarraigo, así como una identidad en tránsito que dificulta asumir públicamente la experiencia, pues reconocerla implica enfrentar pérdidas, dolor y una desconexión tanto con el país de origen como con el receptor”.

Prensa y activismo silenciados

Yendri Velásquez escuchó por más de nueve horas la música de la Operación Tun tun, la campaña que la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) desplegó después del 28 de julio tanto para buscar y arrestar a simpatizantes de la oposición, como para intimidar al público.

En el caso de Velásquez, su “Tun tun” se dio el 3 de agosto del 2024 en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, que sirve a la ciudad de Caracas. Ese día debía volar a Suiza para participar en una sesión de evaluación en Naciones Unidas sobre cómo Venezuela garantizaba los derechos vinculados a la no discriminación racial, indígena, de género y de la comunidad LGBTIQ+, o si, en cambio, había dejado de hacerlo. Pero, al pasar por migración, un funcionario lo retuvo y le informó que su pasaporte estaba anulado. De inmediato le confiscaron el celular.

Desde temprana edad, Yendri Velásquez, hoy de 32 años, se involucró en el activismo por los derechos LGBTIQ+. En 2011 formó parte del equipo de la primera candidata trans venezolana a la Asamblea Nacional, Tamara Adrián. Una década después, en 2021, fue uno de los fundadores del Observatorio Venezolano de Violencia LGBTIQ+.

De cara a las elecciones del 28 de julio de 2024, Velásquez centró su trabajo en promover la participación ciudadana: contar historias positivas sobre los procesos electorales, incentivar el voto joven y visibilizar la necesidad de que el CNE estableciera protocolos contra la discriminación durante la jornada electoral.

“Queremos que se implementen normas que garanticen un proceso de participación libre de discriminación y estereotipos”, aseguró entonces. Su participación, aclara ahora desde Bogotá, fue desde una perspectiva activista, no partidista. “Quería que desde la sociedad civil se impulsara un proceso electoral con mayor perspectiva de género y diversidad.”Entre 2020 y octubre de 2025, al menos 69 personas defensoras de derechos humanos se han visto forzadas a emigrar como resultado de un entorno de represión progresiva y sostenida, según la organización Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento. De ellos, 43 exilios ocurrieron entre enero de 2024 y octubre de 2025, lo que representa 62% del total. Entre ellos hay defensores de la libertad de expresión, del acceso a la información, de la lucha contra la corrupción y de los derechos LGBTIQ+.

A Velásquez lo sacaron del cuartico y lo hicieron salir del aeropuerto por una puerta trasera. Mientras esperaba en la acera junto a los funcionarios, vio llegar una patrulla de la Dgcim y a cuatro hombres encapuchados. Según relata, le pusieron esposas, le vendaron los ojos y lo subieron al vehículo para trasladarlo a la sede de la Dgcim en Boleíta Norte, una urbanización industrial y comercial de Caracas. Apenas se sentó, comenzó a sonar, a todo volumen, la música de la Operación Tun Tun. 

Durante la “entrevista” en la sede de la Dgcim, uno de los funcionarios le dijo, según relata: “No te queremos joder. Pero si no colaboras y estás vinculado con María Corina Machado, te mandaremos a El Helicoide. Tú sabes lo que le hacen a la gente como tú”. Asegura que intentaban vincularlo a los llamados comanditos de la campaña opositora y hacerle admitir que participaba en actividades políticas o partidistas. “Me decían que tenían la dirección de mis padres, que podían acceder a mis grupos de amigos en WhatsApp, que nadie me quería y nadie haría nada por mí. Aunque sabes que es manipulación, te afecta. Sientes culpa, piensas que irán contra tu familia”.

Después de nueve horas de interrogatorio, amenazas constantes, los ojos vendados, cubierto con una capucha y bajo el tormento de la música del Tun tun sonando sin pausa, finalmente decidieron liberarlo. “Me hicieron firmar un acta de compromiso”, cuenta. 

“Uno de los funcionarios me dijo: te vas a bajar del carro y vas a caminar sin voltear”. En vez de liberarlo, Velásquez pensó en ese instante que lo iban a matar. “Empecé a llorar y caminé hacia el Farmatodo de Los Dos Caminos [una zona residencial y comercial del noreste de Caracas]. Por eso asumí que siempre estuve en Boleíta [aledaña a Los Dos Caminos]”.

Desde aquel 3 de agosto de 2024, su vida nunca volvió a ser igual. “Pasé esa primera noche con mis padres. Al día siguiente comenzó mi clandestinidad, que duró dos meses. No tenía contacto con nadie. Nadie sabía dónde estaba. Sentía que me iba a volver loco. Una vez me desperté y me asomé 17 veces a la ventana, porque me asustaban los ruidos de las motos. Sentía que venían a buscarme”.Agotados física y mentalmente, muchos defensores, periodistas, dirigentes políticos o activistas, ocultos en la clandestinidad, alcanzan un punto en que se dan cuenta de que la situación les supera y resulta insostenible. Entonces es cuando viene la decisión de huir del país. La salida suele ser poco convencional, por caminos irregulares, sin despedidas, con apenas un bolso de ropa, y algunos, como Yendri Velásquez, sin identificación, pues durante su detención le arrebataron el pasaporte.

“Me robaron la tranquilidad. Seguir en Venezuela implicaba poner en riesgo a mi familia y amigos. Desde entonces comenzó un proceso depresivo. Me fui con lo que tenía puesto. Te preguntas cómo reiniciarás tu vida, y sientes que todo lo que construiste quedó en pausa. Para quienes nos han desaparecido, todos los días se revive ese día, en mi caso, ese 3 de agosto. El terror, la culpa. Esto me cambió la vida. El exilio te lleva a lugares donde te cuestionas qué pudiste haber hecho diferente. Hay que trabajar la fortaleza mental porque, si no, uno vive de la melancolía”, explica.

En mayo de 2025, casi un año después de su salida, Velásquez se enteró de la detención en Venezuela de su mejor amigo, Carlos Marcano. “Me pregunto por qué yo pude salir y él no. Por qué está ahí. A veces mi mente ni siquiera asimila que no vivo en mi casa. Nunca me vi fuera de Venezuela; siempre quise seguir allá, haciendo mi trabajo y acompañando a la comunidad LGBTIQ+. Acá, como todos, solo sobrevivimos, en medio de la precariedad”.“Es una sensación en el cuerpo que revivo a diario, y hay muchas cosas que me disparan el miedo. Luz, sonidos. No puedo escuchar la canción de Tun tun, porque lloro. Todos los días te recuerdan que no eres libre”, continúa. 

Para colmo, Velásquez fue blanco de un ataque con disparos hace poco en Bogotá, un incidente de cuya investigación las autoridades colombianas todavía no muestran resultados, pero en el que resulta fácil detectar rasgos similares a los de un atentado político. En el hecho, otro activista venezolano, Luis Peche, también resultó herido.

Destierro para los fiscalizadores

En el patrón estructural y sistemático de represión postelectoral, orquestado por el Estado, se contempló la neutralización de las organizaciones de la sociedad civil independiente mediante estrategias que asfixian legal y económicamente tanto a las ONG como a los medios de comunicación.

El 15 de agosto de 2024, la írrita Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, aprobó una ley que organismos internacionales califican como “regresiva”, al reforzar el control estatal sobre las organizaciones no gubernamentales (ONG). Conocida popularmente como la ley anti-ONG, la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro obliga a las ONG a contar con autorización del gobierno para operar. La norma faculta a las autoridades a negar ese permiso, sobre la base de la información disponible acerca de sus fuentes de financiación, criterios políticos o la supuesta percepción de una amenaza terrorista. Además, impone requisitos restrictivos para el registro y obligaciones periódicas que socavan la libertad de asociación.

El impacto fue inmediato. La nueva legislación empujó al exilio a directivos y miembros de organizaciones con más de dos décadas de trabajo en Venezuela, como Transparencia Venezuela, dedicada a la investigación de casos de corrupción. Tras múltiples esfuerzos por mantenerse en el país, su directora, Mercedes de Freitas, comprendió que el riesgo para ella y su equipo era demasiado alto y, en noviembre del año pasado, anunció el cierre de la oficina. “Nuestro objetivo principal, que es visibilizar la lucha contra la corrupción, no se podía lograr desde dentro de Venezuela. Mi equipo ya estaba cargado de mucho miedo y vigilancia”, dijo desde su exilio en España, donde continúa ejerciendo su labor.

También influyó como alerta la persecución contra dos de sus colegas: Rocío San Miguel, directora de la organización Control Ciudadano, quien lleva casi dos años arbitrariamente detenida en El Helicoide, y Carlos Correa, director de Espacio Público y Crónica.Uno, quien fue víctima de desaparición forzada por más de diez días en enero de este año.

Desde su exilio en México, Rafael Uzcátegui, quien fue coordinador general de la ONG Provea por más de diez años y que ha dedicado gran parte de su vida profesional a la defensa de los derechos humanos —ya desde antes del chavismo— explica que el exilio y la clandestinidad forman parte de una estrategia estatal de represión y expulsión indirecta para desarticular el tejido crítico interno. “Al empujar a salir a quienes tienen mayor reconocimiento, legitimidad interna y externa, y capacidad de activar redes de contraloría, resistencia y resiliencia, se vacía el espacio interno de liderazgos y voces disidentes, debilitando los lazos de cohesión y las dinámicas de resistencia y libertades democráticas”, añade.

Aunque casi una centena de defensores de derechos humanos escapó del país después del 28J, otros permanecen bajo esa recién acuñada condición de semiclandestinidad. Su única forma de operar es a través de estrictos protocolos de seguridad: reducir la visibilidad pública de sus voceros, cerrar sedes físicas, comunicarse mediante plataformas digitales seguras y documentar en silencio.

“Ya yo me sé de memoria los carros que están fuera de mi casa”, cuenta, desde su semiclandestinidad, un directivo de una ONG en Venezuela, cuyo nombre no se menciona a petición, para proteger su seguridad. Aun así, asegura que siempre existen maneras de evadir la censura. Para continuar su labor, estas organizaciones realizan talleres y formaciones para la sociedad civil en reuniones informales —como un cumpleaños— con el fin de evitar ser criminalizadas o perseguidas.

Quienes permanecen dentro del país se ven obligados a asumir la inhibición y la autocensura, dosificando la denuncia como práctica legítima. Para los defensores de derechos humanos, el exilio forzado se ha convertido en una fórmula clara y eficiente del régimen chavista para garantizar su permanencia en el poder. “Reducen la presión interna, aumentan el control sobre quienes quedan y sostienen una dinámica represiva que se legitima a través del vaciamiento del tejido democrático”, concluye Uzcátegui.

La represión también alcanzó al periodismo. Según el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela), tras las elecciones del 28 de julio de 2024, la criminalización del trabajo informativo y el uso del sistema judicial como herramienta de intimidación alcanzaron niveles nunca antes vistos: 14 periodistas fueron detenidos y 22 se vieron obligados a huir del país para resguardar su integridad y libertad. La mayoría de los medios independientes del país funcionan hoy con sus directivos desde el exilio.

Además, antes y después de la jornada electoral, las pocas estaciones de radio que aún operan en el país fueron blanco de múltiples ataques. IPYS documentó que, durante 2024, las agresiones contra la prensa y la libertad de expresión afectaron a 110 medios de comunicación. Solo en ese año, 20 emisoras de radio fueron cerradas, lo que representó un aumento del 33,33 % en comparación con el año anterior.

Este cerco y censura han limitado el ejercicio de la profesión en el país. Una periodista independiente con larga trayectoria en distintos medios en Venezuela, quien antes de declarar pidió que no se mencionara su nombre, contó que un poco antes de las elecciones ya sentía miedo. El sentimiento creció , luego del 28 de julio, cuando comenzó a saber de colegas cuyos pasaportes fueron anulados, o que sufrieron amenazas y hasta detenciones. La CIDH documentó al menos 40 casos de personas defensoras, periodistas y sus familiares afectados por la anulación abrupta y arbitraria de sus pasaportes. “Mencionaban los medios independientes en todos los programas del oficialismo”, enfatiza la periodista. En octubre de 2024 decidió salir por dos meses. “El mayor miedo siempre es salir por la frontera y tener contacto con cualquier autoridad. Es un proceso de mucha tensión, pensar que algo puede salir mal. No sabes si te van a chequear o no. Si estás en una lista o no. Lo más complicado de este último año es que no existe un patrón, y eso limita que uno diseñe un mecanismo de protección”, dijo. Antes de asumir este riesgo, estuvo varias semanas fuera de su hogar, rotando en distintos lugares en clandestinidad y aislada de su familia y sus allegados.

Pero lo que era una salida momentánea, se extendió. Hoy continúa en la incertidumbre, resolviendo su legalidad en el país de acogida, así como su situación laboral y económica. “El panorama no solo no cambió, sino que se volvió más complicado”, sentencia. Una señal de esa involución fue la jura de Nicolás Maduro como presidente en enero de 2025; el fraude se había completado y la periodista ya no veía el regreso al país como un horizonte cercano. “Lo más difícil es no saber hasta cuando puede durar esto, aunque mantengo mi trabajo y funciones fuera de Venezuela para las distintas plataformas. Sin embargo, uno tiene que buscar otras formas de vivir. Ya uno no tiene su casa, su seguro, su médico. No tienes nada. Y los ingresos como periodista no son suficientes”.

El periodismo en el exilio cada vez se ha vuelto más común y Venezuela encabeza la lista en la región con 477 periodistas en esta condición. La Universidad de Costa Rica documentó 913 casos de periodistas exiliados de 15 países de América Latina en su informe, Voces desplazadas: radiografía del exilio periodístico latinoamericano 2018-2024.

El peligro te (per)sigue

El exilio no necesariamente trae consigo ni paz mental ni completa seguridad física. Tras pasar días, semanas o meses escondidos y aislados en Venezuela, todos los exiliados entrevistados para esta historia relataron sentirse desorientados al llegar a un nuevo país. Al tratarse de una salida forzada y sin planificación, muchos carecen de redes de apoyo y de recursos económicos para sostener esta condición, incluso a corto plazo. Además, la regularización migratoria para los venezolanos se ha vuelto cada vez más compleja tanto en la región como en otros países del mundo, lo que dificulta las medidas de protección e impone condiciones de precariedad severa, limitando el acceso a empleo, salud y seguridad.

Esa sensación de vulnerabilidad se repite en muchos de los exiliados que se instalaron en Colombia. En ciudades fronterizas como Cúcuta, exiliados entrevistados para esta historia relataron que se sintieron vigilados mientras organizaban movilizaciones en torno al fraude electoral. “Veíamos cómo dos o tres personas muy cubiertas tomaban fotografías y se iban. No me sentía seguro”, dijo un activista que hoy permanece en Bogotá, cuyo nombre no se revela para proteger su seguridad.

Más al norte, en la costa del Caribe colombiano, Barranquilla tampoco fue un espacio seguro para Javier Oropeza, el exalcalde de Carora. Cuenta que en esa ciudad fue interceptado en dos ocasiones junto a sus familiares. 

El primer hecho ocurrió días después de su salida, el 14 de agosto del año pasado. Una camioneta negra lo persiguió mientras transitaba a bordo del vehículo de un amigo con su esposa, hasta que una persona con gorra negra se bajó del vehículo, golpeó el vidrio y se retiró.

Luego, el 28 de abril de este año, volvió a ser interceptado por un motorizado que le tomó fotografías mientras dejaba a sus hijas en la escuela. A partir de ese momento, decidió dejar Colombia y mudarse a España. Ambos hechos los denunció ante la Fiscalía de Colombia, pero hasta ahora no ha obtenido respuestas sobre alguna investigación que el organismo haya podido desarrollar.

El exilio, lejos de ser un punto de llegada, se convierte en una extensión del miedo: cambia el territorio, pero no desaparecen la persecución, la incertidumbre ni la violencia. Para la mayoría, la vida transcurre en limbos migratorios y económicos, en crisis emocionales y bajo amenaza constante. El duelo migratorio trae consigo el desarraigo: impacta la identidad, aparece la nostalgia, la sensación de injusticia y la dificultad para la reconstrucción individual y profesional.