Crecimiento de la Minería Ilegal en Punino: Cómo el Aumento del Precio del Oro Impulsa la Violencia y la Destrucción Ambiental en la Amazonía Ecuatoriana

La minería ilegal o extracción minera ilegal ha crecido en el sector de Punino, en la Amazonía ecuatoriana, de manera oculta y brutal en los últimos cinco años. Este fenómeno ha sido impulsado por bandas criminales como Comandos de la Frontera, Los Choneros e incluso Los Lobos, todos atraídos por el lucrativo negocio de la extracción ilegal de oro. En años recientes, el precio del commodity ha duplicado su valor, incluso superando al de la cocaína.

Así, desde 2019 hasta mediados de 2024, la minería ilegal relacionada con el crimen organizado ha destruido al menos 1,422 ha. de esta zona que se ubica en el límite entre Orellana y Napo. Esa cifra equivale a ¡2.000 canchas de fútbol!.

Desde el aire, el paisaje del sector de Punino es impactante: donde hace pocos años había selva, ahora hay enormes heridas infligidas por cientos de excavadoras (muchas de ellas recién adquiridas). Se observan acumulaciones de agua contaminada que fluirán hacia los ríos: los síntomas de una actividad manchada con sangre.

Es exactamente aquí donde, el 9 de mayo de 2025, el Grupo Armado Organizado llamado Comandos de la Frontera (CDF), emboscó y asesinó a 11 militares que formaban parte de un operativo del Estado para hacer controles contra la minería ilegal.

Operativos militares en la zona de Punino.

Esta es la primera parte de un especial denominado Oro y Sangre: el flagelo de la minería ilegal en la Amazonía. En este especial examinamos el crecimiento de la minería ilegal, los responsables de esta situación y las posibles rutas de solución. Para ello contamos con voces expertas como la de Andrés Rojas (Napo Ama la Vida); Carolina Orozco, presidenta del Directorio de la Cámara de Minería; Sandra Rueda (ex asambleísta de Napo) y Patricio Carrillo, experto en combate a la criminalidad.

También nos sustentamos en datos de Ecociencia, MAAP y Amazon Watch, junto con varios organismos estatales y de control.

Así se expande la deforestación minera en Punino

Gracias a la tecnología, a través del monitoreo satelital realizado por la iniciativa Monitoring of the Andes Amazon Program (MAAP), se puede evidenciar el avance de esta actividad criminal. Según los reportes, el impacto comenzó en 2019 con 32 hectáreas. Sin embargo, a fines de 2023 ya eran 1,000 hectáreas afectadas por la deforestación derivada de la actividad minera. Para junio de 2024, la afectación alcanzó las 1,422 hectáreas antes mencionadas.

Pero esto no es todo. De lo que se conoce, solo en Napo, la devastación habría alcanzado más de 7,000 ha. El programa de Monitoreo de los Andes Amazónicos es un proyecto regional financiado por la Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo (Norad) y cuenta con la participación de Conservación Amazónica de EEUU y Fundación Ecociencia en Ecuador.

A pesar de que la minería ilegal ha penetrado en varias provincias del Ecuador, esta serie de entregas busca mostrar la realidad de lo que ocurre en Orellana y Napo, donde son claras víctimas de la minería ilegal.

Oro ilegal, el financista preferido de la actividad criminal

La minería ilegal ha ido en aumento en los últimos años, al par de la subida del precio del oro a nivel mundial. El crimen organizado encontró en este metal su nueva forma de financiacion y lavado de dinero.

Con el oro en ascenso, esta actividad criminal se ha vuelto más lucrativa que el propio tráfico de cocaína.

Se estima que un kilo de oro cuesta $108,000, mientras que el kilo de cocaína en un puerto ecuatoriano podría costar $27,000. El costo del oro es 4 veces más vendible.

La Cámara rechaza de manera firme la violencia que se ha ido gestando en la Amazonía y que recientemente cobró la vida de 11 militares. Asimismo, considera que una minería responsable puede ser una barrera de contención ante la minería ilegal.

No obstante, reconoce el avance de esta actividad criminal que ella prefiere llamar “extracción minera ilegal”. Además, advierte que lo que hace atractiva a la extracción de minerales como el oro es que este puede ser considerado legal desde el primer día.

Se refiere a que, por ejemplo, el transporte del oro no cuenta con tantos controles. La Coalición por la Transparencia Corporativa y la Responsabilidad Financiera (FACT, por sus siglas en inglés) explica que el transporte aéreo privado y viajeros que llevan oro como joyería o equipaje, no es considerada una actividad ilegal. Los viajeros aprovechan los requisitos laxos de declaración en muchos aeropuertos.

Orozco explica que el fenómeno del negocio del oro, atado a las economías criminales, se repite en varios países de la región. Esto, de manera indirecta, impide que las economías nacionales aprovechen los altos precios del oro. Los recursos que deberían ser del Estado y de los ciudadanos terminan en los bolsillos de la criminalidad.

Recientemente, una publicación de Bloomberg lanzo más luces sobre este tema. Se estima que la minería ilegal es responsable de 80 % del oro extraído en Colombia, 50% en Bolivia, 40% en Perú y 30% en Brasil, mientras que, en Venezuela, prácticamente toda la producción es considerada ilegal debido a las sanciones internacionales. Esta publicación cita datos de FACT.

“La minería ilegal genera más de $7,000 millones anuales en ingresos ilícitos en Sudamérica”, indicó Julia Yansura, directora del Programa de Crimen Ambiental y Finanzas Ilícitas en FACT, según lo citado por Bloomberg.

Esta misma organización ha afirmado que el valor financiero del oro ilegal sería de $4,800 millones anuales en Perú; entre $1,000 y $2,000 millones anuales en Venezuela y aproximadamente $1,000 millones en Ecuador.

Grupos Armados Organizados se disputan territorio

Comandos de la Frontera es el grupo criminal señalado por el Ejército ecuatoriano del asesinato de 11 militares en la zona del Alto Punino. Se sabe que este grupo está conformado por disidentes de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).

Comandos de la Frontera (CDF), junto con otras estructuras como el Frente Oliver Sinisterra y Disidencias de Comuneros del Sur, han sido identificadas por el Gobierno del Ecuador mediante el Decreto Ejecutivo 632 como Grupos Armados Organizados (GAO).

Además de CDF, Amazon Watch menciona reportes sobre la presencia de Los Choneros y, recientemente, de Los Lobos en la zona. Ambos han sido determinados como GAO.

CDF aparece en numerosos reportes de prensa como responsable de varios incidentes sangrientos en Orellana y Sucumbíos. Sin embargo, el silencio ha reinado en estas áreas.

De hecho, un informe colaborativo de medios independientes (Armando.Info de Venezuela; La Liga Contra el Silencio de Colombia; Plan V de Ecuador y la Red Ambiental de Información de Bolivia) indica que desde octubre de 2022 hasta mayo de 2024 se han incautado 82 retroexcavadoras en San Lorenzo, en Alto Punino y San José de Guayusa, valuadas en más de 10 millones de dólares.

La violencia fue denunciada hace varios años

Las comunidades en Napo y Orellana han sufrido violencia y la han denunciado por más de 20 años. A lo largo del tiempo, la respuesta de las autoridades ha sido ineficiente, tibia y hasta cómplice. Sin embargo, tras las intervenciones militares en la zona, ocurrió la emboscada a 11 militares, lo que alteró la situación.

El abogado Andrés Rojas, delegado provincial de la Defensoría del Pueblo de Napo y parte del colectivo Napo Ama la Vida, señala que el cobarde asesinato a los 11 militares dio más visibilidad a un problema que ya había sido denunciado por la comunidad.

Ese asesinato llenó de luto al país, a las familias de los militares emboscados y provocó indignación en las autoridades ecuatorianas, que han prometido encontrar a los responsables y “acabarlos”.

En este contexto, se han realizado múltiples operativos no solo en Orellana y Napo, sino también en Sucumbíos y otras provincias. El 23 de mayo, los militares asesinados fueron condecorados como héroes post mórtem.

El 9 de mayo, 11 militares fueron emboscados y abatidos por el GAO Comandos de la Frontera. El hecho ha sido condenado por el país entero.

Rojas menciona que desde 2022 las comunidades han reportado enfrentamientos y conflictos relacionados con la minería ilegal. También señala que en 2023 se alertó sobre una especie de fosa común donde se entierran a quienes se oponen a las actividades mineras.

De hecho, el entonces asambleísta Fernando Villavicencio reveló la complicidad de varias autoridades en el tema. Sus denuncias fueron publicadas en varios medios de comunicación, incluyendo La Fuente-Periodismo de Investigación.

https://periodismodeinvestigacion.com/2022/02/26/mineria-ilegal-en-napo/

Sobre este tema, Rojas indicó que los conflictos entre mineros ilegales se solucionan en el territorio: “se cava un hueco y ahí se deposita el cuerpo”, asegura.

Explica que la presencia de grupos armados paramilitares en Orellana, Sucumbíos y Napo se remonta a más de cinco años y está directamente relacionada con la minería.

Además, en cuanto al narcotráfico, la presencia de grupos paramilitares y guerrilleros data de muchos años antes.

Carolina Orozco también señala que hace dos años ya se observaba cómo cambiaba la dinámica en el terreno: «entraba gente externa a las comunidades a extorsionar», recuerda.

Adicionalmente, Rojas revela que comunidades Kichwas están pidiendo ayuda a las autoridades para una reubicación territorial. Esto significaría el inicio de un desplazamiento indígena en Ecuador.

Según el MAAP, la actividad criminal ya ha ingresado a los límites de dos áreas protegidas: el Parque Nacional Sumaco-Napo Galeras y el Área de Conservación Municipal El Chaco. Además, la deforestación minera se está extendiendo activamente dentro de territorios indígenas de la nacionalidad Kichwa.

La respuesta del Gobierno en lo militar y lo ambiental

En estos días, el Ejército Ecuatoriano está llevando a cabo operaciones militares en el sector de Alto Punino, provincia de Orellana, en un área conocida como “Punto Cero”, tras el asesinato de los 11 militares.

Las unidades militares lograron ingresar a la zona conflictiva y encontraron: armas letales entre fusiles, revólveres, pistolas, carabinas, alimentadoras, municiones, cartuchos, granadas, explosivos, móviles, combustible, excavadoras, bombas de presión, balanzas, entre otros.

También se halló un dron, dos casas abandonadas para descanso y 30 kg de sustancias sujetas a fiscalización. El Ejército reportó la destrucción de 6 campamentos mineros.

El bloque de seguridad ecuatoriano hizo una incursión con 1.500 miembros. Destruyeron campamentos de mineros ilegales.

El mismo día de la asunción presidencial, la Policía reportó el hallazgo de una bodega donde la estructura Comandos de la Frontera presumiblemente procesaba droga y elaboraba explosivos. Lo más sorprendente es que funcionaban bajo la fachada de una agencia de las Naciones Unidas.

Bloque de seguridad reportó la detención en Sucumbíos de supuestos miembros del GAO Comandos de la Frontera.

El Gobierno también hizo un anuncio sobre el tema ambiental. Este 28 de mayo, el Ministerio de Ambiente informó que suspendió las actividades de exploración y explotación en las concesiones Talag, Confluencia, Anzu Norte y El Icho, que forman parte del proyecto minero Tena, ubicado en Napo.

Se trata de un grupo de concesiones manejadas por la polémica empresa china Terraearth. A pesar de ser una empresa legal, ha permitido la actividad ilegal en sus concesiones y no ha cumplido con los estándares ambientales. Recientemente, incluso solicitó poder utilizar más agua del río Jatun Yaku, lo cual fue rechazado por la comunidad.

Es bien sabido que desde hace varios años, estas concesiones no debieron ser utilizadas por no tener los permisos ambientales requeridos. La empresa Terraearth tiene un historial muy opaco. Fernando Villavicencio, por ejemplo, acusó a la empresa de facilitar la entrada de minería ilegal y luego comprarles el oro. Acá la nota para recordar.

https://periodismodeinvestigacion.com/2024/12/08/sos-napo-terraearth-quiere-mas-agua-del-jatun-yaku/

El crimen organizado extiende una vez más sus tentáculos. A su paso, solo trae muerte y devastación. Pero ¿cómo se permitió que esto sucediera? Tal vez la respuesta se encuentra en una frase que Fernando Villavicencio solía decir para entender la dinámica de la criminalidad: el crimen organizado no puede existir sin el poder político. Este tema lo abordaremos en nuestra próxima entrega, en los próximos días.