En la historia de las sociedades podemos identificar momentos en los que un orden político e institucional colapsa y otros órdenes se hacen posibles, sin que quienes viven esa transición puedan saber cuál terminara consolidándose. A tales momentos podemos llamarlos, con propiedad, puntos de bifurcación, tomando prestado este término de la teoría de sistemas.
Muchas democracias liberales, y el orden internacional al que dieron forma, han llegado hoy a un punto de bifurcación. El auge de los populismos, la deriva autoritaria, la influencia de grupos oligárquicos y plutocráticos en las decisiones públicas, así como la revitalización de la lógica de las potencias, caracterizan el mapa político e institucional contemporáneo. Estos procesos responden, en buena medida, a la captura de las instituciones públicas por grupos de interés. En un entorno marcado por mutaciones tecnológicas y económicas que crean brechas entre los sectores globalizados y las realidades locales, esta captura institucional hace que la capacidad de respuesta de los regímenes representativos sea sobrepasada. Estas tensiones anticipan varios escenarios futuros: en un extremo, un orden mundial apoyado en el poder y la tecnología, articulado por regímenes iliberales y autocráticos. En el otro, un orden basado en reglas y en instituciones democráticas. Entre ambos, un abanico de situaciones híbridas.
Venezuela representa un caso anticipado de esta dinámica global. La instalación de una autocracia extractiva destruyó la institucionalidad democrática y desmanteló la economía productiva, provocando un éxodo masivo. A ello se sumó la cesión por trozos de la soberanía nacional al juego de las potencias.
Tras la usurpación del mandato popular por parte de Maduro y su posterior captura por parte del gobierno de los Estados Unidos, la dinámica derivó abiertamente hacia la lógica de las áreas de influencia. Venezuela presenta hoy rasgos de un protectorado de hecho bajo la órbita de Estados Unidos, donde el reparto discrecional de recursos energéticos y la estabilización autoritaria podrían relegar la restitución de la soberanía popular.
Para los venezolanos que aspiramos a vivir en libertad, la bifurcación plantea una decisión ineludible que refleja, en nuestra escala, el gran dilema de nuestro tiempo. Frente al colapso del régimen chavista-madurista, dos horizontes opuestos se perfilan: por un lado, la consolidación de un capitalismo oligárquico y opaco, un arreglo rentista revestido de pragmatismo económico y subordinado al tutelaje externo. Por el otro, la edificación de una república democrática y liberal capaz de reintegrar la economía a la modernidad y restituir la dignidad ciudadana. Que el país quede atrapado en una forma renovada de servidumbre o avance hacia un orden de ciudadanos libres e iguales dependerá de un liderazgo responsable y, sobre todo, de nuestro activismo cívico.
Una democracia liberal es un entramado institucional orientado a garantizar derechos y contener la arbitrariedad. En ella, la mayoría decide dentro de un marco de derechos fundamentales y contrapesos efectivos al poder. Ese entramado transforma la disputa política en un conflicto civilizado y no en una lucha por la dominación. Sobre esa base institucional se sostiene una convivencia narrativa: distintas opciones políticas y culturales compiten sin desconocer la legitimidad del adversario ni las reglas del juego democrático. De esa convivencia surge el centro político, entendido no como una posición intermedia entre izquierda y derecha, sino como el territorio normativo donde la política civilizada —que es, en realidad, la única que merece llamarse política— hace posible la libertad.
Esta descripción de la democracia liberal tiene un carácter básicamente normativo. Es un ideal político. La crisis contemporánea no proviene de un exceso de liberalismo, sino del alejamiento de ese ideal, el cual se manifiesta en el deterioro de sus instituciones —sometidas con frecuencia al dominio de diversos grupos de interés— y en el desgaste de esa narrativa integradora del centro político. Al confluir la acelerada mutación tecnológica y económica con esa captura institucional, el sistema acentúa las brechas sociales y mina su propia credibilidad. La pérdida de fe cívica empuja entonces a los ciudadanos desencantados hacia la apatía o el radicalismo antisistémico, profundizando la corrosión del propio régimen democrático.
Ninguna crisis que alcanza un punto de bifurcación se resuelve solo en el terreno institucional. Antes de que cambien leyes y gobiernos se transforma la manera en que una parte significativa de la sociedad interpreta la realidad. Las narrativas resultan decisivas en momentos de quiebre porque proporcionan mapas de lectura que traducen valores y principios en relatos capaces de orientar la acción colectiva. El predominio de un relato, combinado con las dinámicas del poder y los giros del azar, termina por moldear el orden político que emerge de la crisis.
La superación de esta crisis, tanto en las democracias occidentales como en nuestra encrucijada venezolana, exige sanear las instituciones, reconstruir el centro político y ejercer el protagonismo ciudadano. Entre las narrativas que se hallan hoy en disputa, estoy convencido de que la tradición liberal ofrece la respuesta más sólida a este desafío.
Parto de la libertad de la persona como principio del orden político, pero entiendo que esa libertad resulta incompatible con un poder que no responda ante la sociedad. Estado de derecho y soberanía popular se sostienen mutuamente, en una dinámica no siempre sencilla.
Esta manera de entender el liberalismo implica entonces una perspectiva republicana. La libertad se ve amenazada por la consolidación de estructuras de poder donde se entrelazan el dominio político, económico y social para capturar las instituciones y crear privilegios. Una sociedad libre necesita ciudadanos capaces de reconocer esas formas de dominación y de exigir que respondan al interés general.
Esto no significa que otras narrativas, como la socialdemócrata, sean prescindibles. Estas comparten el núcleo político y moral que hace posible la convivencia y forman parte de ese centro político que es preciso reconstruir. Mi apuesta es liberal, pero no supone negar la legitimidad de otras tradiciones doctrinales.
La noción de liberalismo ha sido divisiva durante mucho tiempo. Algunos la asumen como si fuese un credo. Otros la descalifican como coartada para el privilegio económico. Para ubicarse en este debate, conviene desmontar un equívoco de fondo. Aquello que llamamos liberalismo opera en tres planos que no siempre coinciden: el de una concepción cultural, el de una doctrina política, jurídica y económica, y el de una narrativa pública.
La concepción liberal está conformada por un conjunto de creencias, intuiciones y valores que es resultado de nuestro proceso civilizatorio y del cual la persona no siempre es plenamente consiente, pero que orienta su conducta en el día a día. Es una sensibilidad que se manifiesta en la inclinación a la autonomía personal, la tolerancia ante lo diferente, la decencia en el trato con el otro y el rechazo instintivo al abuso.
El liberalismo doctrinal, por su parte, representa el esfuerzo filosófico y teórico por traducir esa concepción en el mantenimiento o en el diseño de instituciones imparciales para la sociedad: reglas que limiten el poder, bienes públicos que aseguren la equidad y un piso de dignidad que impida la exclusión.
El desencuentro ha surgido cuando algunas versiones del liberalismo han olvidado sus fundamentos culturales y han convertido lo que es una filosofía integral de la vida en común en un seco recetario tecnocrático. De esa fractura nace una paradoja cotidiana. Están, por un lado, quienes encarnan la concepción liberal —que reclaman respeto por su proyecto de vida, castigan moralmente el privilegio del «enchufe», exigen igualdad ante la ley y practican la solidaridad—, pero abjuran de la etiqueta por el rechazo que les genera una doctrina que perciben ajena e, incluso, cómplice del poder económico. En la acera de enfrente están no pocos partidarios de esa doctrina que carecen en su conducta del carácter liberal: actúan de manera dogmática, toleran la concentración del poder corporativo o contemplan con indiferencia la precariedad en la que viven muchos de sus semejantes.
Muchos ciudadanos, en suma, son más liberales de lo que imaginan. Ser liberal supone, en última instancia, mucho más que defender unas ideas: entraña una cultura cívica y una práctica compartida de no dominación.
Para conectar ese sustrato cultural con la transformación institucional entra en juego el tercer elemento: la narrativa liberal. Si la concepción proporciona los valores y la doctrina propone las reglas, la narrativa es el relato público encargado de darles sentido político. Su función es explicar a la ciudadanía por qué este orden merece ser defendido y movilizarla en su defensa. Un orden genuinamente libre requiere este equilibrio dinámico: hábitos culturales arraigados, instituciones justas y una narrativa capaz de sostenerlas en el espacio público.
Pensemos por un momento qué forma adoptaría un orden democrático liberal renovado. Es un ejercicio de imaginación política que me parece no solo necesario sino urgente. Ese orden se sostendría sobre siete pilares, presentables esquemáticamente así:
Libertad individual: instituciones que garanticen las libertades civiles fundamentales y la base material que brindan la propiedad privada, el libre mercado y el emprendimiento.Justicia independiente: un sistema judicial con autonomía funcional para proteger los derechos individuales y capaz de resistir la captura por parte de grupos de interés.Estado limitado: un sistema público basado en la separación republicana de poderes, el desmantelamiento del presidencialismo, la descentralización federal y reglas que frenen la discrecionalidad fiscal.Bienes públicos: un Estado enfocado en sus funciones fundamentales, como garantizar la seguridad ciudadana bajo una estricta conducción civil y la infraestructura física, digital e institucional imprescindible para el desarrollo.Dignidad y soporte: una política social que potencie las capacidades de las personas y cierre brechas provocadas por estructuras sociales y por cambios económicos y tecnológicos, sin socavar la iniciativa ni la responsabilidad individual.Inserción global y realismo principista: una política exterior consciente de las dinámicas del poder global, pero orientada a defender la soberanía nacional, a consolidar alianzas con las naciones democráticas y a cooperar en los desafíos globales.Soberanía popular y auditoría del poder: un orden político cuya legitimidad emana del mandato popular, sostenido por una ciudadanía que ejerce el discernimiento ético y la fiscalización permanente sobre toda estructura de poder.
Si estos son los principios de un orden liberal renovado, surge una cuestión inevitable. ¿Cómo puede un ciudadano común evaluar si una ley, una política pública o una decisión gubernamental los fortalece o los debilita?
Resulta oportuno ilustrar la manera de responder a esa cuestión mediante una iniciativa concreta: Liberalmente.app, una plataforma de próxima aparición impulsada por Cedice Libertad. Se trata de una herramienta concebida para que el ciudadano examine leyes, decretos y discursos públicos mediante un test o cuestionario —una suerte de prompt integral— fundamentado en un «Manual Cívico Liberal». Su propósito es traducir los principios abstractos del liberalismo en criterios prácticos de evaluación.
El liberalismo es, bien visto, una vocación incesante de fiscalización del poder. Un problema evidente, sin embargo, es que el ciudadano común normalmente no tiene acceso a la información sobre los cambios institucionales ni el tiempo requerido para comprenderlos y evaluarlos. Contar con instrumentos que le faciliten esa tarea es una manera de fortalecer su capacidad para defender la libertad en el contexto del proceso democrático.
Esta tarea excede la revisión técnica y supone someter cada propuesta y decisión pública a un escrutinio fundamental. ¿Esto expande la autonomía personal o consolida una ventaja indebida para un grupo particular? Es una interrogante que, en realidad, correspondería formularla ante la estructura de poder en su conjunto.
En la Venezuela contemporánea, procesos oscuros —como la adjudicación o negociación no fiscalizada de activos y recursos nacionales— representan la supervivencia del esquema rentista bajo nuevas modalidades. Pensar liberalmente exige desconfiar de las concesiones y las arbitrariedades, aun cuando cambien los actores políticos. Frente a quienes pretenden justificar la opacidad con los argumentos del pragmatismo económico o del realismo político, el liberalismo ofrece un instrumental crítico para defender el interés común.
Es necesario que nos detengamos en el término «pueblo». Pocas palabras tienen tanta fuerza política y admiten, al mismo tiempo, significados tan diversos. Pueblo puede referirse a la población en general, a los sectores desfavorecidos, a una comunidad definida por sus tradiciones o, sencillamente, a «la gente». Pero también puede designar a la comunidad política que se reconoce como tal y acepta unas reglas para gobernarse. Es este último sentido el que me interesa reivindicar.
Los liberales no deberíamos renunciar a la noción de pueblo. Hacerlo supone entregar a otras tradiciones políticas una palabra que pertenece también a la historia de la libertad y del autogobierno. El pueblo no existe por encima de los ciudadanos que lo integran ni debe ser invocado, como se ha hecho tantas veces, para desconocer sus derechos individuales. El pueblo es la comunidad política de ciudadanos libres e iguales en dignidad, plural en sus ideas e intereses, pero vinculada por una noción compartida de la justicia y por las reglas que sostienen la vida en común.
Desde esta perspectiva, la corrupción y el «enchufe» niegan ese compromiso cívico al convertir instituciones inclusivas en mecanismos de extracción privada. Del mismo modo, la transgresión cotidiana, el desacato a la norma, la búsqueda del atajo informal o el cinismo como táctica de supervivencia erosionan ese orden desde la base. La democracia se degrada paulatinamente cuando el desencanto convierte la anomia en forma de vida. Esto no es una prédica moral: es la constatación de que ningún orden institucional sobrevive si sus ciudadanos lo niegan o no lo defienden en la práctica.
Podría llamarse a esta visión un liberalismo popular. Hablamos, en definitiva, de un liberalismo asumido por ciudadanos que se reconocen como pueblo político y asumen el deber de custodiar las reglas de la convivencia. La libertad necesita una base ciudadana y no puede sostenerse únicamente sobre el diseño institucional. Un liberalismo así entendido convierte la libertad en una práctica cívica y disputa el sentido del pueblo a las narrativas iliberales, afirmándolo como una comunidad de ciudadanos libres e iguales en dignidad.
La gran mayoría de nosotros ha padecido las consecuencias del modelo que se autodenominó «socialismo del siglo XXI» y que condujo de forma casi inevitable, dada su propia naturaleza, a un sistema autocrático de saqueo. El colapso de esa autocracia extractiva nos sitúa ante el desafío histórico de refundar las bases de la convivencia y ante la oportunidad inédita de convertir esa metamorfosis en el nacimiento de una verdadera república liberal.
Pero esa oportunidad no está garantizada. Viejos y nuevos grupos de poder, tanto nacionales como internacionales, procuran asegurar posiciones de dominio y captura en la Venezuela que emerge. El riesgo está en la sustitución de estructuras extractivas tradicionales por nuevos esquemas de privilegio. Los recientes arreglos celebrados sin escrutinio público y la distribución discrecional de recursos son señales de alerta que una ciudadanía responsable no puede pasar por alto.
La libertad puede irse erosionando paulatinamente entre renuncias cívicas y concesiones al poder. Y pocas veces puede ser restituida plenamente mediante un único acto fundacional. Se recupera en la medida en que la sociedad ejercita el hábito de vigilar y exigir cuentas al poder, alimentado por ese impulso que los griegos llamaban thymos: la exigencia de reconocimiento y dignidad que se niega a ser humillada por el poder. La república descansa sobre esa tensión vigilante. Si los venezolanos convertimos la auditoría del poder en una práctica colectiva, habremos dado un paso decisivo: no solo para recuperar la democracia, sino para conquistar y sostener la libertad.
Nota de transparencia:Este ensayo es de mi exclusiva autoría en cuanto a concepción, argumentación, contenidos y estructura. El uso de inteligencia artificial se limitó estrictamente al apoyo en la corrección de estilo de determinados párrafos.
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