Ariadna y Lindomar: Víctimas de la Violencia Postelectoral en Venezuela

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El espectáculo de Maduro sigue. La muerte, también

Mientras Nicolás Maduro, Cilia Flores y Diosdado Cabello lideraban un circo mediático (recordando lo que hizo Castro con Elián González) con la llegada de Maikelys Espinoza—una niña cuya política antimigrantes de Trump la separó de su madre—los venezolanos que fueron encarcelados tras el fraude electoral de 2024 siguen muriendo y sufriendo. Sus muertes, por supuesto, están ausentes de la programación de propaganda chavista.

Desde el 28 de julio, cinco de los ciudadanos detenidos en la represión postelectoral han muerto en custodia, víctimas de negligencia y abuso por parte de las fuerzas de seguridad y jueces. Desde 2015, el número total de prisioneros políticos que han muerto en custodia ha aumentado a 19. El daño físico y psicológico causado por el aislamiento prolongado en lugares como Tocuyito, Tocorón o celdas del CICPC puede ser irreversible y, en algunos casos, fatal.

Esto le pasó a Ariadna Pinto, liberada a finales de 2024, cuatro meses después de ser denunciada como terrorista incitando al odio por el líder de una Unidad de Batalla Hugo Chávez (una organización de base chavista) en el estado Cojedes. La diabetes tipo 1 de Pinto empeoró debido a las condiciones carcelarias y la ansiedad: comenzó a retener líquidos, sufriendo convulsiones y descompensándose desde sus primeros días en detención, según el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE). Después de una primera hospitalización en agosto, fue devuelta a la cárcel, solo para ser llevada de urgencia a un hospital en septiembre con una severa hiperglucemia. Durante ese tiempo, permaneció encadenada y en «condiciones humillantes» hasta su liberación el 7 de diciembre.

Este año, Pinto tuvo que ser hospitalizada varias veces. La insuficiencia renal que desarrolló en prisión se volvió crónica. Falleció el 10 de mayo por paro respiratorio. Tenía solo 20 años.

Pocos días antes, supimos del caso de Lindomar Amaro, de 27 años, también detenido después del 28 de julio. Según informes de medios, se suicidó la semana pasada en su celda en Tocorón—el antiguo bastión del Tren de Aragua—después de varios intentos previos.

“Su familia de bajos ingresos no pudo visitarlo durante los nueve meses de [la] prisión porque carecían de los medios para viajar”, señaló CLIPPVE. “Esta tragedia expone de manera contundente la injusticia y desigualdad que enfrentan las víctimas más vulnerables.”

El caso Torres y la persecución de activistas de derechos humanos

El fiscal jefe Tarek William Saab publicó un comunicado respecto a Eduardo Torres, un abogado de derechos humanos que trabajaba con Provea y que desapareció el 9 de mayo. Para Provea, el comunicado equivale a una admisión del estado sobre la captura de Torres; para el fiscal chavista, fue una oportunidad para presentar un torrente de acusaciones en su contra mientras mantenía la opacidad.

Torres había defendido a líderes sindicales que actualmente están en prisión, así como a trabajadores públicos que protestaron por bajos salarios. Ahora, Saab lo acusa de ser un terrorista que utilizaba talleres de capacitación civil como una «fachada para organizar células violentas» y sabotear las mesas de votación antes de las elecciones del 25 de mayo.

Además, Saab amenazó a Óscar Murillo, director de Provea, por denunciar la desaparición forzada de Torres. Como señaló el boletín Arepita, Saab no proporcionó información sobre el paradero de Torres—por lo que sigue considerado como desaparecido.

Más trampas para el 25 de mayo

Las irregularidades siguen acumulándose a medida que se acercan las elecciones regionales y parlamentarias del 25 de mayo, que se perfilan como las más opacas y menos creíbles de la historia reciente.

Durante el simulacro electoral, el chavismo retiró los códigos QR de los conteos de votos—lo que sugiere que no estarán disponibles el día de las elecciones. Esto es significativo porque esos códigos QR eran algo que permitía a los observadores guardar datos electorales durante las elecciones presidenciales de 2024 y publicar los resultados reales de cada mesa de votación—lo cual fue un paso esencial para exponer el fraude.

“Eliminar los códigos QR de los conteos de votos, con la complicidad de los candidatos, significa destruir una garantía clave de transparencia electoral,” denunció la Plataforma Unitaria en X. “Insistimos en la urgente necesidad de una negociación seria, basada en la verdad sobre lo que ocurrió el 28 de julio, que permita una solución democrática, pacífica y sostenible a la crisis.”

De hecho, como señaló el periodista Eugenio Martínez, los candidatos en esta elección—tal como Henrique Capriles—no han protestado públicamente sobre la aparente eliminación del código QR.

Guayana Esequiba: un estado de papel

La elección de legisladores para el recién creado estado de Guayana Esequiba apunta a otro “desastre electoral,” según Eugenio Martínez.

El director del CNE, Conrado Pérez—designado como uno de los cinco rectores tras la renuncia y salida del país de Juan Carlos Delpino—había afirmado que los votantes en dos municipios de Bolívar (incluyendo Sifontes, donde se encuentra Tumeremo, la supuesta capital del nuevo estado) y uno en Delta Amacuro participarían en la elección. Pero el distrito electoral publicado por el CNE dice lo contrario.

Según esta nueva configuración, la votación se llevará a cabo en solo dos áreas de Bolívar que ni siquiera forman parte de Sifontes—desconectando efectivamente a los votantes de la capital de Guayana Esequiba.

Más información: Tal Cual también reportó que el nuevo estado tendrá 21,403 votantes registrados que elegirán seis legisladores para la Asamblea Nacional—el mismo número de representantes asignados a estados existentes (y poblados por venezolanos) como Apure, La Guaira, Nueva Esparta, y Amazonas. Se espera que los votantes de esas dos áreas en Bolívar también elijan autoridades para el nuevo estado—aunque, como nota Martínez, muchos de ellos pueden ni siquiera saber que están votando en Guayana Esequiba.

Lecturas recomendadas:

Correo del Caroní: Otra historia de los Waraos: sobrevivir en tierra hostil serie explora la presencia de grupos armados en Delta Amacuro.

Efecto Cocuyo: 83% de las universidades presentan graves daños en infraestructura, según el Observatorio de Universidades.

Versión Final: Douglas Rico confirma la detención del jefe del CICPC en Táchira y cinco oficiales más por tráfico de cocaína.

El Impulso: Más del 80% de la población ha sido víctima de ciberdelitos y phishing, según la Asociación Bancaria Venezolana.